Senador denuncia ante la CIDH la “vulneración de derechos” en la segunda vuelta electoral de La Paz
Mientras el TSE aceptó la declinatoria de NGP de participar en la segunda vuelta por la Gobernación paceña, el senador Wilder Veliz advierte que se vulnera el derecho de elegir a un gobernador
El senador oficialista Wilder Veliz (PDC) acudió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para denunciar la “vulneración de derechos” tras la suspensión de la segunda vuelta en la Gobernación de La Paz, una decisión que, según su criterio, priva a la población de elegir a su autoridad.
La controversia surge luego de que la Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral (TSE) aceptara la declinatoria de Nueva Generación Patriótica (NGP) de participar en el balotaje, amparándose en el artículo 64 de la Ley de Régimen Electoral.
Esta determinación dejó sin efecto la segunda vuelta y abrió paso a la proclamación directa del candidato Luis Revilla, quien había obtenido el primer lugar en la primera ronda, dejando de lado la aspiración de René Yahuasi, quien había sido promocionado por NGP, de ir en busca de la Gobernación.
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“Hemos acudido a la CIDH para solicitar la adopción de una medida cautelar, frente a la flagrante vulneración de derechos políticos, tanto individuales como colectivos en nuestro país”, señaló el senador Veliz en sus redes sociales.
El senador remarcó que la situación no solo tiene implicaciones legales, sino también democráticas, al impedir que más de dos millones de electores participen en la definición de su gobernador.
“Esta situación afecta de manera directa al pueblo paceño, al vulnerar su derecho fundamental a elegir libremente a su gobernador. No se trata de un hecho menor: estamos hablando de más de 2 millones de votantes cuyos derechos están siendo desconocidos”, enfatizó.
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Desde el TSE, la decisión se sustenta en que la ley permite a una organización política declinar su participación en segunda vuelta mediante una solicitud formal, como ocurrió con NGP.
El Órgano Electoral señaló que no acatar este marco legal implicaría incurrir en responsabilidades, como el incumplimiento de deberes o la emisión de resoluciones contrarias a la Constitución.
“No podemos permitir que se atente contra la democracia ni contra la voluntad soberana del pueblo. Defenderemos, por todas las vías legales e internacionales, el respeto a los derechos políticos y a la institucionalidad democrática de nuestro país”, dijo el senador.
