Acusados del caso FMI piden juicio de responsabilidades y apuntan al gobierno de Arce por presunto “perjuicio económico”
Según el informe, pese a contar con aval legislativo, el gobierno de Luis Arce optó por devolver de forma anticipada los recursos destinados al Covid-19, lo que generó un perjuicio económico por millones de dólares
En el juicio por el caso del Instrumento de Financiamiento Rápido (IFR) del Fondo Monetario Internacional (FMI), la defensa de los acusados planteó que el proceso judicial sea declarado improcedente y pide tramitar un juicio de responsabilidades, según refleja un informe remitido a UNITEL.
El informe refleja que la devolución anticipada del préstamo realizada por el gobierno de Luis Arce, pese a contar con respaldo legislativo, generó un perjuicio económico al Estado de aproximadamente $us 24 millones, situación que apunta específicamente al Banco Central de Bolivia (BCB).
El equipo jurídico que defiende a los acusados emitió este informe en un contexto en el que el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, manifestó que “en Bolivia no habrá ningún perseguido” y que el Órgano Judicial “no será un instrumento de persecución ni de derecha ni de izquierda”, además de pedir un análisis de plazos procesales de los detenidos preventivos.
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El documento legal de los acusados del caso FMI cita que “este juicio no tiene base jurídica para llevarse a cabo”, en referencia a una sentencia constitucional de 2024 que ratificó que la vía adecuada sería la Asamblea Legislativa; sin embargo, la acusación fiscal sostiene que el gobierno de Jeanine Añez incurrió en contratación de deuda sin autorización previa del Legislativo.
Ante este escenario, la defensa rechaza con base en dos leyes aprobadas antes del acuerdo con el FMI: la Ley 1267 del Presupuesto General del Estado 2020 que autorizaba explícitamente la contratación de deuda externa por hasta $us 1.500 millones y la Ley 1293 de abril de 2020 que dio luz verde para el uso de créditos y donaciones para la atención gratuita del covid-19.
La acusación fiscal basa parte de sus fundamentos en dos informes emitidos por el BCB en febrero de 2021. Estos informes recomendaban evaluar la devolución anticipada del IFR para evitar un “mayor costo por variaciones cambiarias” y “restablecer la soberanía económica”. Con base en esos documentos, el BCB procedió con la devolución del préstamo.
La defensa cuestiona esa decisión y presenta cálculos oficiales basados en registros del FMI que muestran que, de haberse mantenido el cronograma original de pagos hasta 2025, el Estado habría ahorrado cerca de $us 18,8 millones, debido a la devaluación del DEG respecto al dólar, a lo que se suman $us 4,7 millones por intereses y comisiones.
“Se demuestra que no se cumplió con el fundamento del artículo 33 de la Ley Safco, base de la acusación fiscal, y el daño supuestamente se originó en la devolución anticipada del IFR”, señala una de las conclusiones del informe de la defensa, resaltando que la devolución fue innecesaria y se basó en proyecciones cambiarias incorrectas.
La defensa subraya que “ningún país devolvió el IFR al FMI” y plantea que las autoridades -del gobierno de Luis Arce- que instruyeron la devolución anticipada deberían ser identificadas, ya que esa acción generó el supuesto daño económico al país, no la contratación del préstamo en sí.
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Entre los acusados se encuentra el exministro de Economía, José Luis Parada, el expresidente y exdirectores del Banco Central, Guillermo Aponte, Walter Morales, Roger Alejandro Banegas Rivero y José Gabriel Espinoza, respectivamente, entre otras exautoridades.
La defensa concluye que “no se generó daño económico al Estado en 2020” y sostiene que se cumplió con la Constitución, las leyes y los tratados internacionales, considerando que, de continuar el proceso, se debería reconducir bajo la figura de juicio de responsabilidades, motivo por el cual ya se presentó un amparo constitucional ante la justicia.
