Cámara de Diputados aprueba la ley de diferimiento de créditos para la vivienda social
Se indicó que el diferimiento no equivale a una condonación de la deuda, sino a una reprogramación temporal de las cuotas. La aprobación se dio la madrugada de este viernes
La Cámara de Diputados aprobó la madrugada de este viernes el proyecto de “Ley Excepcional de Suspensión Temporal de Embargos y Ejecución de Sentencias en Procesos Judiciales por Créditos de Vivienda de Interés Social y Diferimiento de Créditos para Vivienda de Interés Social y Créditos a Unidades Económicas de Tamaño Micro y Pequeña”.
La norma fue observada por la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban), que alertó de efectos en el sistema financiero. Analistas alertaron que puede comprometer la liquidez.
Según el oficialismo, la norma introduce un mecanismo excepcional que suspende temporalmente los embargos y difiere créditos por un periodo de seis meses lo que permitiría a la población reorganizar sus finanzas sin la posibilidad de perder sus hogares o cerrar sus negocios.
“Habiéndose aprobado el proyecto de Ley N° 547/2024-2025 en sus dos estaciones, en grande y en detalle, y siendo cámara de origen remítase a la Cámara de Senadores para fines constitucionales de revisión”, afirmó el presidente de Diputados, Omar Yujra, sobre este proyecto de ley que ahora será remitido al Senado para su revisión.
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El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas aseguró que se trata de una medida “temporal” que “no compromete la estabilidad del sistema financiero”.
Por su parte, la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban) expresó su preocupación sobre el documento que plantea un nuevo diferimiento en el pago de cuotas de capital e intereses de los préstamos bancarios.
”Asoban expresa su profunda preocupación ante el Proyecto de Ley N° 547/2024-2025 que plantea un nuevo diferimiento”, señala el pronunciamiento del sector.
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A través de un comunicado de prensa, la Cámara de Diputados señala que el diferimiento no equivale a una condonación de la deuda, sino a una reprogramación temporal de las cuotas, lo que garantiza que los deudores continuarán con sus pagos una vez finalizado el periodo de suspensión. Así, la deuda no desaparece, sino que se pospone de manera accesible.
Asimismo, “la ley también busca asegurar la estabilidad del sistema financiero al evitar un aumento en las ejecuciones judiciales que podrían afectar aún más la economía”, señala el boletín.
No obstante, la Asoban afirmó que el proyecto no resolvería los problemas económicos actuales de la población y que, por el contrario, generaría restricciones en el acceso al crédito, especialmente hacia los sectores más vulnerables.
La propuesta puede comprometer la liquidez del sistema financiero y frenar nuevas colocaciones de crédito, advirtió el economista Joshua Bellott, quien consideró que medidas de este tipo deben ser analizadas por las nuevas autoridades electas, no por un gobierno que ya está de salida.
Bellott recordó que en 2020 se aplicó un diferimiento que comprometió $us 3.500 millones. Destacó que “todavía quedan cerca de $us 800 millones” pendientes de pago, por lo que esta nueva medida podría afectar al crecimiento de la cartera crediticia.
