Comisión concluye que el caso de la gasolina desestabilizada “no es fortuito”: Las gestiones de Luis Arce y Rodrigo Paz están en la mira
“El ingreso, internación y posterior comercialización de gasolina desestabilizada en territorio boliviano no responde a un evento fortuito, sino a una cadena de decisiones político-normativas, omisiones administrativas y deficiencias técnicas”, reseña el informe de la comisión del Legislativo.
El informe final de la Comisión Especial de Investigación sobre la “gasolina basura” de la Cámara de Diputados concluyó que este caso “no responde a un evento fortuito” puesto que se evidencia “ausencia total de control de calidad” y apunta como responsables a cinco exautoridades, pero además a tres exdirectores de la ANH.
“El ingreso, internación y posterior comercialización de gasolina desestabilizada en territorio boliviano no responde a un evento fortuito, sino a una cadena de decisiones político-normativas, omisiones administrativas y deficiencias técnicas”, reseña el informe de la comisión del Legislativo al que accedió la red UNITEL.
Dos gestiones
El informe identifica como posibles responsables de este caso al expresidente Luis Arce, su exministro de Hidrocarburos Alejandro Gallardo y el expresidente de YPFB, Armin Dorgathen.
Pero además alcanza a la actual gestión del Gobierno de Rodrigo Paz. El documento apunta al exministro Mauricio Medinaceli y al expresidente de la petrolera estatal Yussef Akly, ambos dejaron sus cargos en medio del escándalo de la gasolina que dañó los motores de miles de vehículos.
Según el informe de la aseguradora que paga el resarcimiento, hasta junio se había registrado a más de 70.000 motorizados.
Con base en “el análisis del historial operativo y legal”, se determinan las siguientes “causas de raíz del ingreso de combustible fuera de norma”.
Desmantelamiento del Filtro de Homologación Obligatoria:
La comisión estableció que “la promulgación de los Decretos Supremos 5218 y 5313 eliminó el candado técnico-legal de la homologación previa por IBNORCA”.
“Al permitir la importación basándose únicamente en simples informes de ensayo o certificados de origen sin validar en el país, el Estado renunció a la garantía de que el producto químico extranjero fuese apto y estable para el contexto nacional”, señala el informe.
Omisión de Fiscalización en Importaciones Urgentes:
Además, se señala que “la ANH priorizó el abastecimiento continuo sobre los controles de calidad y la seguridad técnica, emitiendo resoluciones de importación urgente a favor de YPFB, prescindiendo de los requisitos mínimos de calidad en el momento de la internación (abril - junio de 2025), omitiendo de manera posterior el seguimiento para exigir dicha documentación”.
Falta de Infraestructura:
Los diputados de la comisión evidenciaron que “el ente regulador redujo sus exigencias al ‘análisis básico’, que solo sirve como un control de tránsito inmediato, pero ignora la química de la degradación del combustible (estabilidad a la oxidación y gomas existentes)”.
Esta situación “impidió detectar que el combustible importado se descomponía rápidamente antes de llegar al consumidor”, señala el documento.
Posibles responsables
Con base en “las competencias establecidas en el marco regulatorio sectorial y las omisiones identificadas en el presente informe”, se establece la presunta responsabilidad institucional y funcionaria que se detallan a continuación.
1. Por la flexibilización político - normativa
Se apunta al nivel Ejecutivo del Estado (Gabinete Ministerial): Para la comisión, “los responsables de la emisión y aprobación de los Decretos Supremos 5218 (2024) y 5313 (2025)” son “Luis Arce Catacora, Alejandro Gallardo, Mauricio Medinaceli y otros considerando como gestión inicial el 2024”.
“Estas normas sustituyeron las garantías legales (declaraciones ante juez civil) y técnicas (homologación obligatoria de IBNORCA) por requisitos altamente laxos, creando el marco jurídico favorable para la internación de carburantes sin controles de calidad.
2. Por la omisión de fiscalización y “otorgación indebida de permisos excepcionales a YPFB”
En este acápite se apunta a la Dirección Ejecutiva de la ANH, entre ellos los exdirectores Germán Jiménez y Joel Callaú Justiniano, de la anterior gestión, y Margot Ayala, designada por Paz.
Están señalados como “máxima autoridad responsable de suscribir y autorizar las Resoluciones Administrativas de Importación Urgentes RAR-ANH-DJ-UGJN N.° 00190/2025, N.°00192/2025 y N.° 00386/2025 a favor de YPFB, eximiéndola indebidamente de presentar los certificados de calidad correspondientes y fallando en el control posterior”.
En la lista además se menciona a la Dirección General de Regulación de Comercialización y Redes de Gas Natural de la ANH, la “instancia técnica encargada de evaluar, viabilizar y recomendar los despachos e importaciones, operando sin la documentación de calidad de origen exigida por ley”.
También se cita a la Dirección de Regulación de Derechos de la ANH, unidad responsable de tramitar y vigilar los derechos y autorizaciones otorgados a los operadores, “al haber viabilizado resoluciones de urgencia sin exigir las debidas contragarantías técnicas”.
3. Por “incumplimiento técnico, vacío regulatorio y falta de infraestructura de control”
En este caso, está en la mira la Dirección de Distritos Técnicos y Dirección de Biocombustibles de la ANH, donde supuestamente hay “responsables del presunto incumplimiento de funciones al haber acumulado un retraso de más de tres (3) años en la reglamentación específica del D.S. 4718 (emitida extemporáneamente en agosto de 2025 mediante las R.A. 0010/2025 y 0011/2025)”.
También se señala a la Dirección Administrativa Financiera (ANH), que “es corresponsable, junto a la Dirección Ejecutiva, del incumplimiento flagrante de la Disposición Transitoria Única del D.S.4718, al no haber gestionado de manera oportuna el presupuesto, licitación e implementación del laboratorio fijo obligatorio y la renovación de los equipos para laboratorios móviles”.
“Esta omisión dejó al Estado físicamente incapacitado para evaluar la estabilidad oxidativa de los hidrocarburos”, señaló la comisión.
4. Por la internación del “producto inestable”
En este caso, se apunta a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos y sus expresidentes Armin Dorgathen; Yussef Akly y otros.
“En su calidad de operador estatal e importador centralizado, por haber introducido al territorio nacional lotes de combustible base sin las especificaciones completas de estabilidad química exigidas originalmente para salvaguardar el parque automotor boliviano, amparándose en resoluciones de excepción por ‘urgencia’”, señala el informe.
Delitos identificados
Los delitos que identifica el informe y que están tipificados en el Código Penal son los siguientes:
- Conducta antieconómica, artículo 224.
- Incumplimiento de deberes, artículo 154.
- Atentado contra la seguridad de los servicios públicos, artículo 214.
- Falsedad ideológica, artículo 199.
- Daño calificado, artículo 358.
- Negociaciones incompatibles, artículo 150.
Recomendaciones
Con base en estos antecedentes, la comisión del Legislativo recomendó:
“Remitir el presente informe a la Contraloría General del Estado, con sus antecedentes, para que, sobre la base de sus contenidos, realice una auditoria circunstanciada, si confirma existencia de hallazgos de responsabilidad por la función pública y actúe de acuerdo la ley”.
También sugirió “remitir el presente informe al Ministerio Publico junto con sus antecedentes para que, sobre la base de sus contenidos, si confirma los indicios de la Comisión de Delitos identificados, actúe de acuerdo a sus atribuciones”.
“Asimismo se recomienda a esta entidad celeridad en los procesos aperturados respecto a los hechos que interesan a esta Comisión Especial de Investigación y que los denunciantes presenten las pruebas de descargo fidedignas y con documentación de respaldo (Lissa Claros Lora y Ministerio de Hidrocarburos)”, se señala en referencia a los casos denunciados en la Fiscalía.
