Constructores piden diálogo con Arce: 50% de obras públicas y privadas, en riesgo de ser suspendidas
Desde la Cámara Boliviana de la Construcción señalan que se ven afectados por la falta de dólares y de combustible, por lo que emitieron una declaratoria de emergencia
El presidente de la Cámara Boliviana de la Construcción (Caboco), Raúl Solares manifestó que el sector se declara en estado de emergencia ante la falta de divisas y la escasez de combustibles, que viene afectando sus operaciones porque encarecen los costos operativos, por lo que piden una audiencia con el presidente Luis Arce Catacora.
Solares advirtió que, de no solucionarse la situación, el 50% de las obras públicas y privadas están en riesgo de ser suspendidas, es decir, peligra la continuidad de las construcciones que se llevan adelante en la actualidad.
“El suministro de combustible está afectando la operación de equipos y maquinaria en todas las zonas, en su transporte de materiales y encareciendo los costos operativos”, sostuvo el ejecutivo en una conferencia conjunta que se dio tras una reunión de directorio de Caboco. Situación que es compartida con las cámaras departamentales del sector constructor.
Del mismo modo, señaló que la limitada disponibilidad de divisas está dificultando la importación de insumos, equipos, maquinaria y otros recursos esenciales para la construcción, lo que a su vez ralentiza el progreso de las obras y aumenta los costos generales, afectando la capacidad de las empresas para cumplir con sus compromisos.
“Los costos de los materiales han experimentado un incremento sin precedentes, lo que han elevado los presupuestos de las obras en ejecución y han puesto en riesgo la continuidad de proyectos tanto públicos como privados”, remarcó Solares al urgir un diálogo directo con el jefe de Estado.
A esto se suma la demora de cancelación de pagos, tema que está generando problemas en el sector tributario, para lo cual deberán plantearse mecanismos que permitan gestionar un alivio tributario, realizar facilidades de pago, disminución de multas e intereses y la disminución de medidas coercitivas.
“Estos temas no solo están impactando negativamente a las empresas del sector, sino que también ponen en riesgo la continuidad de importantes proyectos de infraestructura que son fundamentales para el desarrollo económico y social del país”, concluyó el dirigente.
