“De ocultito”, el Gobierno “mete normas de contrabando” y cambia la prescripción de tenencia de productos, denuncia dirigente gremial
El sector gremial nacional dio un plazo de 14 días al Gobierno nacional para derogar la disposición séptima del Presupuesto General del Estado (PGE), que contempla el decomiso de productos
Derogar la disposición séptima del Presupuesto General del Estado (PGE), que contempla el decomiso de productos, es el pedido realizado por la Confederación Nacional de Gremiales de Bolivia que dio un plazo de 14 días al Gobierno para retirar esta normativa; caso contrario, anticipan movilizaciones y bloqueos a nivel nacional.
“La petición clara es la derogación de la disposición adicional séptima de la ley financial que es la ley 163, que ha entrado de contrabando este artículo que no debería estar ahí porque el presupuesto general es (para decir) en qué se va a gastar la plata, en salud y demás, esto no debía estar ahí”, dijo Cesar Gonzáles, secretario de la confederación.
En ese sentido, denunció el supuesto cambio de la prescripción del delito de tenencia de contrabando en depósitos de cuatro a 10 años sin consenso de la Asamblea Legislativa.
El dirigente explicó que corresponde a los años en los cuales “uno tiene que guardar documentación para el Servicio de Impuestos Nacionales, depósitos en el banco, facturas y otros y lo han cambiado a 10 años, en el Presupuesto General de la Nación, sin consultarle a nadie”.
“La prescripción era de cuatro años. Con esto lo han vuelto a 10 años. ¿Quién se enteró? De contrabando meten este tipo de normas y en ese entendido, una vez más, sorprenden a la población, no aprueba la Asamblea el Presupuesta General del Estado y de contrabando, de ocultito, sacan esta disposición adicional, que pretende ingresar y quitarnos nuestra propiedad privada, porque esas mercaderías son nuestras”, enfatizó.
Almacenamiento
A esto sumó que un tema muy importante que -en su juicio- se debe aclarar es que si un comerciante vende 10 cajas tiene que tener en stock como mínimo por siete días unas 70 cajas. Además, puso como ejemplo que si vende 100 cajas “y un mayorista vende inclusive más, tiene que tener 700 cajas en el almacén”.
“Esta parte de la cadena productiva, ¿la entiende el Gobierno nacional, la entiende el señor viceministro (Jorge) Silva?, y si hay 100, como yo, mayoristas, ¿cuánto tiene que almacenar el productor o el industrial en este caso? ¿Qué tamaño tienen que tener sus almacenes para poder llegar primero al mayorista, luego al detallista y finalmente al consumidor final? Así es como funciona el comercio, pero aparentemente ellos no conocen”, señaló.
Según el dirigente, con esta disposición se da la facultad para que cualquier funcionario público ingrese a sus almacenes a título de que se está elevando los precios, “a título de que se esté ocultando producto, nos decomisen, nos quiten. El decomiso es un robo legalizado y hay que decirlo así de frente”.
Con esto también remarca que se considera minorista a un comerciante que vende únicamente Bs 136.000 al año, “eso quiere decir 380 bolivianos al día”.
“Han cambiado esta normativa en el año 2018 y ahora el mayorista es el que vende, no lo que se gana, es vender 510 bolivianos y cuando vendes por encima de eso ya eres mayorista y se te puede fiscalizar”, sentenció.
¿Qué dice la disposición séptima?
La disposición adicional séptima del PGE 2025 establece que, “con la finalidad de garantizar la disponibilidad y abastecimiento de alimentos esenciales, se faculta a las entidades competentes, activar acciones de control, fiscalización, confiscación y/o decomiso de productos, a los actores de comercialización de alimentos, que almacenen o retengan y/o pretendan encarecer los precios de los mismos”.
No está en vigencia
El viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor, Jorge Silva, señaló que este apartado de la ley financial no entra en vigencia mientras no haya una reglamentación.
La autoridad se refirió a este tema tras una reunión que se llevó adelante con algunas esferas del sector gremial el pasado viernes en oficinas del Ministerio de Justicia, enfatizando que se tuvo una discusión para abordar esta disposición que contempla decomiso de productos si al Gobierno le parece que un precio es elevado.
“Hemos acordado en importantes conclusiones que nos van a permitir seguir avanzando. Ellos han planteado que en el reglamento debe señalar textualmente que el alcance de la normativa no va a llegar al sector del comercio minorista. Segundo, han planteado la necesidad de poder tener este tipo de reuniones en todas las federaciones departamentales de gremiales del país”, apuntó Silva.
Los gremiales han rechazado esa propuesta. “Nos están pidiendo ver ‘con qué tipo de garrote te vamos a asonar, de qué manera te vamos a quitar, vení a conversar eso’”.
“Qué vamos a conversar en esa situación, tienen que derogar ese artículo porque primero ha entrado de contrabando, no ha entrado en consenso”, insistió el dirigente.
