Debate por el pasaje: analista remarca que operar sin concesiones de rutas es ilegal y micrero le responde que es culpa de la Alcaldía cruceña
El ingeniero civil, Rolando Schrupp y el micrero Mario Guerrero debatieron en medio del pedido de los transportistas por el incremento del pasaje de mayores de Bs 2 a Bs 3 en micro en Santa Cruz de la Sierra
En Santa Cruz de la Sierra hay tensión entre los transportistas y la Alcaldía cruceña porque se incremente o no el pasaje en micro para adultos de Bs 2 a Bs 3. Este jueves debatieron sobre el tema en La Revista de Unitel, el ingeniero civil y analista, Rolando Schrupp y el exdirigente de los transportistas, Mario Guerrero.
Guerrero comenzó pidiendo disculpas a la población por lo sucedido el miércoles en el Concejo Municipal cuando un grupo de transportistas cerró el ingreso y restringió la salida de los integrantes del legislativo del edificio. Por su parte, Schrupp criticó lo sucedido y dijo que en una sociedad organizada no se puede tolerar que se secuestre a los concejales.
Sobre el monto del pasaje, Guerrero confirmó que desde el sábado 16 de noviembre el sector cobrará Bs 3 a los adultos pese a que lo establecido por ley es solo Bs 2.
Por su parte, Schrupp enfatizó que el procedimiento para el incremento está establecido en la ley municipal y empieza con la elaboración de un estudio de costos en la Secretaría Municipal de Movilidad Urbana. Agregó que una vez esta instancia emita un informe debe derivarlo al alcalde Jhonny Fernández, quien luego hace la solicitud al Concejo Municipal, instancia que debe aprobar una ley. “No puede el Concejo alegremente comenzar a renegociar contratos de todo tipo con todos los recontratados porque se haría un caos”, enfatizó.
Añadió que explica este procedimiento suponiendo que existe un contrato de concesión de rutas de la Alcaldía a los transportistas. Aunque, remarcó que conoce que estos caducaron hace más de una década. “¿Tiene contrato (de concesión)?”, preguntó a Guerrero.
En respuesta, el transportista reconoció “el contrato no existe porque la Alcaldía...”. En medio de su respuesta, el analista lo interrumpió para alegar “es ilegal explotar una ruta y no tener contrato”.
Guerrero volvió a replicar, “pero (esta situación) ¿culpa de quién es?, es del Estado, pero luego apuntó directamente a la Alcaldía cruceña.
Guerrero indicó que el sector ya presentó un estudio de costos al Concejo Municipal y que pese a que no tiene contrato de concesión tiene legitimidad porque operan en las mismas rutas hace más de 50 años. “Lamentablemente estamos gritando más de 20 años que le den seguridad jurídica, pero el Gobierno Municipal no nos da porque le gusta lo informal para melear. Eso es lo que le gusta al Gobierno municipal, nosotros lo pedimos”, sostuvo.
No obstante, el analista insistió que el sector no tiene contrato por lo que por ley no tiene competencia de hacer el anuncio de incremento. “Al Gobierno municipal no le interesa hacer contratos legales porque en estas condiciones melea. El señor lo está reconociendo”, sostuvo Schrupp.
Schrupp remarcó que se debe volver a la legalidad para tener un mejor sistema de transporte.
El sistema de transporte
Guerrero indicó que el motivo principal para incrementar el pasaje es el aumento en el costo de vida pues se incrementó el precio de los alimentos y de la canasta familiar. “El fondo es que se encareció el costo de vida”, enfatizó.
Agregó que el sector está de acuerdo con que la Alcaldía les de seguridad jurídica y para ello le exija requisitos. Aunque mencionó que igual necesitan infraestructura, como mejoramiento de vías e instalación de refugios para pasajeros (paradas), entre otros. “Que nos den la seguridad jurídica y que no nos congelen los pasajes por décadas, eso es malo, no estamos viviendo en Cuba”, cuestionó.
Por su parte, Schrupp remarcó que propone que se vaya a un proceso de licitación, en el que el sector plantee cuánto costará el servicio y cuánto cobrará para que luego se firme un contrato con mejores condiciones.
Sobre este tema, Unitel solicitó de forma insistente una entrevista al ejecutivo y al legislativo municipal; sin embargo, no se obtuvo respuesta de ninguna de las dos instancias.
