Economista: Nuevo decreto permite al Ministerio de Economía reasignar fondos de utilidades bancarias para la función social
El Decreto Supremo 5605 establece que el Ministerio de Economía deberá establecer la finalidad a la que serán destinados los recursos, mecanismos, instrumentos y todas las características que sean necesarias para la implementación
El Gobierno emitió un Decreto Supremo 5605 que autoriza al Ministerio de Economía a modificar los fondos constituidos con las utilidades netas de los bancos múltiples y bancos pyme para el cumplimiento de la función social de los servicios financieros.
La norma, publicada en la Gaceta Oficial del Estado, se enmarca en un esquema vigente desde 2014, cuando el Estado dispuso destinar un porcentaje de las utilidades bancarias a fondos de garantía, con miras a canalizar crédito hacia vivienda social, sector productivo o para capital semilla.
El decreto establece que el Ministerio de Economía deberá establecer una resolución que definirá la finalidad de los recursos, así como los mecanismos, instrumentos y demás características necesarias para la implementación, al igual que contempla la posibilidad de establecer condiciones para el cierre de los fondos, si corresponde.
“La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) deberá adecuar la normativa reglamentaria correspondiente, conforme a lo dispuesto en las Resoluciones Ministeriales que emita el Ministerio de Economía”, contempla la norma.
Según los antecedentes reflejados por el economista Alejandro Banegas, desde 2014 la función social implicó destinar alrededor del 6% de utilidades bancarias a fondos de garantía para vivienda social y sectores productivos, recordando que estos fondos han respaldado operaciones crediticias de mayor volumen y han sido objeto de ajustes en su distribución a lo largo de los años.
“Este nuevo decreto le está dando la potestad al Ministerio de Economía para que pueda modificar, reorganizar, diseñar, reasignar y cambiar la modalidad de estos fondos de garantía”, enfatizó el economista al considerar que la norma le da mayor potestad a esta cartera de Estado.
En contraste, consideró que el sector bancario puede quedar vulnerable, ya que debe acatar la directriz y lineamientos que pueda dar el Ministerio de Economía, aunque ya existe una cartera regulada.
La nueva norma sale a la luz después de la promulgación de la Ley 1720, la cual autoriza al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) a convertir -a voluntad de las personas- la pequeña propiedad en mediana, lo que dará lugar a que el sector rural tenga acceso a capital, según reflejan autoridades de Gobierno.
