Empresarios rechazan propuestas de incrementos salariales “exorbitantes e irreales”
Según la CEPB, la crisis ha colocado a las empresas en una situación de indefensión extrema, que se vería seriamente agravada por aumentos salariales desproporcionados
Ante las propuestas realizadas por dirigentes sindicales respecto a un pretendido aumento salarial en la presente gestión, desde la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) salieron a cuestionar los planteamientos y advirtieron que la crisis tiene a los actores del sector privado en una situación de indefensión extrema
“Expresamos nuestro firme rechazo a las declaraciones de representantes de algunos sectores que plantean incrementos salariales exorbitantes e irreales, generando innecesarias alarmas en el sector empresarial”, reza el reporte institucional difundido este domingo.
Desde Sucre, el pasado jueves, el Magisterio Urbano planteó un incremento salarial acorde a la inflación, proponiendo un sueldo de Bs 9.500, según su dirigente Amparo Aguilera.
Además, se dio a conocer que la Central Obrera Boliviana (COB) definirá incremento salarial este mes de marzo en un gran ampliado nacional del sector, considerando que puede ser de más del 10%.
“Recordamos que la grave crisis económica que afecta a las empresas privadas, especialmente las medianas y pequeñas, las ha colocado en una situación de indefensión extrema, que se vería seriamente agravada por aumentos salariales desproporcionados, y provocaría un escenario incontrolable de cierres, desinversión y precariedad”, agrega el comunicado de la CPEB.
Asimismo, la entidad empresarial apuntó que un incremento salarial irracional e indiscriminado, desligado de la productividad y que se imponga por razones políticas, puede generar descontrol inflacionario y alto desempleo, y reeditar lo ocurrido en nuestro país en 1985.
“Demandamos al Gobierno que, frente a la situación económica y sus perspectivas, este tema sea tratado con la seriedad, responsabilidad y equidad necesarias, y que se cumpla por primera vez el mandato legal que dispone la obligación de escuchar los argumentos y propuestas del sector privado antes de tomar cualquier decisión”, resalta el reporte.
