Empresarios urgen al Gobierno “ajustes normativos” para anular la disposición del decomiso que genera “incertidumbre” y “conflictos innecesarios”
El sector privado destacó que “es importante que se fortalezcan las acciones para combatir el contrabando, el agio y la especulación en los espacios donde realmente ocurren”. En es marco, puso en evidencia la necesidad de la coordinación y el diálogo previo.
La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) urgió al Gobierno los “ajustes normativos que corresponda para dejar sin efecto” la disposición séptima del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025 que establece decomisos.
Según el sector, esta medida genera “incertidumbre y desconfianza en las empresas y conflictos sociales innecesarios”, reseña un pronunciamiento publicado este la mañana de este jueves.
MIRA AQUÍ: Industriales se reúnen con el Gobierno para revisar la disposición sobre el decomiso
La disposición adicional séptima del PGE 2025 establece que, “con la finalidad de garantizar la disponibilidad y abastecimiento de alimentos esenciales, se faculta a las entidades competentes, activar acciones de control, fiscalización, confiscación y/o decomiso de productos, a los actores de comercialización de alimentos, que almacenen o retengan y/o pretendan encarecer los precios de los mismos”.
“La indudable inseguridad y zozobra generada por la Disposición Séptima del PGE 2025 entre los productores nacionales y el sector del comercio, evidencian la necesidad de que la coordinación y el diálogo previo sean los mecanismos indispensables que se apliquen en cualquier decisión que afecte a los sectores productivos”, reseña la primera parte del pronunciamiento fechado este jueves 16 de enero.
En ese marco, la CEPB urgió la anulación de la disposición, que también es cuestionada por gremiales, transportistas y otros actores que son parte de la cadena de suministro.
“Pedimos al Gobierno nacional que se consideren de manera urgente los ajustes normativos que corresponda para dejar sin efecto esta medida que ocasiona incertidumbre y desconfianza en las empresas y genera conflictos sociales innecesarios”, se añade en el comunicado.
Soluciones
El Gobierno convocó a los sectores que observan la medida a que se sumen a la redacción del reglamento.
No obstante, ha defendido su vigencia puesto que consideran que con ese tipo de medidas se frenará el contrabando a la inversa y la acumulación de productos en las zonas fronterizas.
El sector privado destacó este jueves que “es importante que se fortalezcan las acciones para combatir el contrabando, el agio y la especulación en los espacios donde realmente ocurren”.
