Empresarios y gremiales cierran filas por la anulación del “decomiso”; el Gobierno pasa la responsabilidad al Legislativo
El viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva, ha sorprendido al señalar que el asunto no está en manos del Órgano Ejecutivo. Argumentó que la modificación de la ley es tarea de los legisladores.
Las instituciones de los empresarios y los sectores gremiales cierran filas por separado contra la disposición de decomiso de productos que se consigna en el Presupuesto General del Estado (PGE) 2025.
Estos sectores, además de los transportistas y otros actores de la cadena de suministro exigen la anulación de la medida, que -consideran- genera incertidumbre y conflictos innecesarios.
Por su lado, el Gobierno defiende la medida y argumenta que es vital para luchar contra el contrabando a la inversa en zonas fronterizas, por ejemplo.
En medio del diálogo con los sectores que cuestionan la medida, el viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva, ha sorprendido al señalar que el asunto no está en manos del Órgano Ejecutivo, sino del Legislativo.
Es decir, que la modificación de la ley está en manos de los legisladores.
“No se puede atender el pedido de anular, derogar, eliminar o de modificar, porque esa no es una competencia del Ejecutivo, esa es una competencia del Legislativo”, afirmó.
“No es que no queramos atender; el presidente Luis Arce no tiene atribuciones para derogar, eliminar una ley, esto es competencia exclusiva del Legislativo”, explicó la autoridad a UNITEL.
Disposición
La disposición adicional séptima del PGE 2025 establece que, “con la finalidad de garantizar la disponibilidad y abastecimiento de alimentos esenciales, se faculta a las entidades competentes, activar acciones de control, fiscalización, confiscación y/o decomiso de productos, a los actores de comercialización de alimentos, que almacenen o retengan y/o pretendan encarecer los precios de los mismos”.
Plazo
El Gobierno, a través del Comité de Seguridad Alimentaria, ha convocado a los sectores en conflicto a sumarse a la redacción del reglamento de la disposición, una propuesta que fue rechazada.
En representación de los privados, el presidente de la Cámara Nacional de Industrias (CNI), Pablo Camacho, se reunió con esa instancia este jueves y ratificó que la medida genera “inseguridad, discrecionalidad, arbitrariedad y, en algunos casos, puede ser extorsiva”.
El ejecutivo argumentó que esa postura es respaldada por otras instituciones, entre ellas la Agropecuaria del Oriente (CAO), la de Industrias, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (CAINCO) y la Confederación Nacional de Agricultura de Bolivia (Confeagro), entre otras.
El pasado lunes representantes de los gremiales del país, de los agropecuario, empresarios y transportistas emplazó al Gobierno a derogar la disposición en 14 días, en caso contrario, anunciaron otras medidas de presión.
Los sectores movilizados prevén reunirse este lunes 20 en La Paz para analizar las posibles protestas que prevén activar desde el 27 de enero.
