Gobierno aplaza presentación de la nueva Ley de Electricidad para “atender temas urgentes”
El anuncio de la suspensión fue difundido la tarde de este miércoles, en un contexto en el que escala el conflicto de la COB en La Paz, cuyos miembros tomaron ambientes del Ministerio de Trabajo
El Gobierno suspendió este miércoles la presentación de la nueva Ley de Electricidad y Energías Renovables, prevista inicialmente para esta jornada, al señalar que debe “atender temas urgentes” en medio de una coyuntura marcada por la escalada del conflicto con la Central Obrera Boliviana (COB) en La Paz.
El anuncio de la suspensión fue difundido por el Ministerio de la Presidencia y el Ministerio de Hidrocarburos, luego de que la actividad fuera reprogramada de las 11:00 a las 16:00; la decisión se conoció antes de esa hora, cuando ya se había convocado a medios e instituciones para conocer los lineamientos de la norma.
“Se comunica a los representantes de los medios de comunicación, instituciones y a la opinión pública en general, que el acto de presentación de la nueva Ley de Electricidad, programado para el día de hoy, miércoles 6 de mayo, queda suspendido hasta nuevo aviso”, señala el comunicado oficial.
MIRA AQUÍ: Contingente policial interviene el Ministerio de Trabajo y desaloja a dirigentes de la COB
El documento añade que “esta determinación responde a la necesidad de atender temas urgentes de la coyuntura nacional que requieren la presencia de las autoridades estatales”, sin precisar plazos para la reprogramación del evento.
MIRA AQUÍ: “La garantía es la firma del presidente”: Choferes anuncian acuerdo y suspensión del paro
La suspensión se da en un contexto de tensión en La Paz, donde un contingente policial intervino el Ministerio de Trabajo para desalojar a miembros de la COB que mantenían tomadas esas instalaciones públicas.
Los uniformados ingresaron utilizando agentes químicos para retirar a los manifestantes, mientras al menos dos camionetas policiales llegaron al lugar para trasladar a quienes fueron sacados del edificio.
En paralelo, autoridades de Gobierno enfilan reuniones con representantes de sectores sociales que rechazan la Ley 1720.