Gobierno elimina 161 decretos que autorizaban la contratación directa que se impulsó en anteriores gestiones
El presidente Rodrigo Paz, junto a los ministros de la Presidencia, José Luis Lupo, y de Economía, José Gabriel Espinoza, realizaron la presentación del nuevo decreto
El Gobierno aprobó este lunes el Decreto Supremo 5600, que elimina de forma definitiva más de 161 normas del mismo rango mediante las cuales se realizaba contrataciones directas en el Estado. La nueva norma fue presentada este lunes por el presidente Rodrigo Paz en un acto que se realiza en La Paz.
La contratación directa se volvió en algunos casos una “corrupción directa”, dijo el mandatario que denunció un mal uso de millones de recursos durante los años de “gobierno del MAS”.
“En el gobierno central hay ejemplos interminables, el requisito para que te den un contrato millonario sin control era ser amigo, pariente o del ministro y tenías tu contratación directa para hacer infraestructuras multimillonarias”, denunció la autoridad.
En el acto participaron los ministros de la Presidencia, José Luis Lupo, y de Economía, José Gabriel Espinoza.
El ministro Lupo explicó que con esta norma se cierra un mecanismo que durante años permitió adjudicar contratos millonarios sin licitación, sin competencia y sin control efectivo.
“Fueron 161 decretos por más de 96 millones de dólares y 7.930 millones de boliviano, decretos que están vigentes en todo momento y que podían ser utilizados en todo momento para poder dar adjudicaciones sin licitación a quien se le ocurra a la autoridad de turno, y así lo hicieron, por eso llegaron a estos 161 decretos”, dijo Lupo.
La norma abroga y deroga todas las disposiciones que autorizaban este tipo de contrataciones como excepción del sistema regular, señaló.
Además, establece que, a partir de ahora, todas las compras públicas deberán realizarse mediante procesos competitivos y transparentes, conforme a las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios.
Según el Gobierno, durante casi dos décadas, el esquema de contratación directa permitió que instituciones públicas seleccionaran a un único proveedor, sin comparación de ofertas ni garantía de precio justo.
Este mecanismo, concebido originalmente como excepcional, terminó utilizándose de manera recurrente, debilitando los principios de transparencia, eficiencia y competencia en el uso de los recursos públicos.
En el evento, el Gobierno presentó un video en el que se expusieron obras ejecutadas en los dos periodos del Gobierno del MAS, entre ellas el hospital gastroenterológico de La Paz y el Museo de Orinoca.
“El nuevo decreto supremo busca revertir esta práctica estructural y restablecer reglas claras: más competencia, mejores precios y mayor control ciudadano sobre el gasto estatal”, señala un boletín institucional.
“Además, la norma instruye a todos los ministerios a realizar un relevamiento exhaustivo de las contrataciones directas realizadas en años anteriores, con el objetivo de identificar posibles irregularidades o hechos de corrupción”, se añade.
Este proceso será reglamentado en un plazo de 30 días por los ministerios de la Presidencia y de Economía.
Las contrataciones iniciadas antes de la vigencia del citado decreto continuarán bajo la normativa con la que fueron iniciadas, garantizando la seguridad jurídica en los procesos en curso.
“Con esta medida, el Gobierno marca un giro en la gestión pública, orientado a recuperar la transparencia, ordenar las contrataciones estatales y proteger los recursos de todos los bolivianos”, señala el boletín.
