Desde la cárcel, Arce denuncia “secuestro” y dice que su detención es una “excusa para ocultar la incapacidad” del actual Gobierno
El expresidente Luis Arce también denuncia que todas las solicitudes presentadas por su defensa legal han sido ignoradas, incluyendo la petición para ser sometido a exámenes médicos requeridos por un cardiólogo
El expresidente de Bolivia, Luis Arce Catacora, envió una carta pública desde el Penal de San Pedro, en La Paz, donde se encuentra detenido, denunciando vulneraciones a sus derechos humanos y una persecución política en su contra.
Además, dijo que se pone en riesgo su salud al no permitírsele realizarse exámenes médicos.
En la carta, fechada el 31 de marzo de 2026, expresa su profunda preocupación por las supuestas acciones que “lesionan principios fundamentales consagrados en la Constitución Política del Estado y en los instrumentos internacionales de derechos humanos”.
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“Dentro del proceso que me inició el gobierno de Rodrigo Paz, todas las solicitudes presentadas por mi defensa han sido realizadas, incluso la petición reciente para realizarme exámenes médicos requeridos por un cardiólogo, poniendo en riesgo mi salud y mi integridad física, además de violar de esta manera mis derechos”, se lee en una parte de la carta publicada en las cuentas de redes sociales del expresidente.
Denuncia también que fue privado de su libertad el 10 de diciembre de 2025 sin orden judicial de aprehensión, lo “que solo puede clasificarse como un secuestro al margen de la ley”.
Además, considera que ha sido objeto de tortura psicológica y que se han tomado fotografías y filmaciones en el patio del penal sin su consentimiento.
El expresidente exige el respeto a las leyes y la objetividad de jueces y fiscalía, sin presiones políticas ni institucionales por parte del Gobierno y suma a sus denuncias que lo que supuestamente se está haciendo en su contra “es una venganza y una excusa para ocultar la incapacidad y la corrupción del gobierno actual”.
“Hago un llamado a las autoridades competentes para que actúen en estricto apego a la CPE a la legalidad y a los principios de justicia y que cese el mecanismo de persecución política, mediática e institucional orientados a desacreditar, restringir y menoscabar derechos fundamentales”, señaló Arce.
