Gobierno confirma que acatará la “suspensión provisional” de la disposición séptima como ordenó el TCP
Tal disposición fue incluida en la Ley del PGE 2025, tema que es rechazado por diferentes sectores de la cadena productiva. Desde el Ejecutivo ya anunciaron que se congela la aplicación
El ministro de Justicia, César Siles, informó este martes la suspensión de la aplicación de la disposición séptima del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025, en tanto el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) realice la evaluación sobre su constitucionalidad.
La autoridad explicó que el Ejecutivo recibió una notificación formal como Gobierno sobre la aplicación del auto constitucional 060/2025, luego que el TCP, ante una acción de inconstitucionalidad abstracta, decidió suspender la aplicación de la disposición séptima del PGE.
Siles señaló que no habría mayores motivos para continuar con algunas protestas o reclamos específicos con relación a esa disposición; sin embargo, la cadena productiva que toma parte del denominado Comité multisectorial demanda la derogación de esta disposición al considerarla atentatoria a la seguridad jurídica y la iniciativa privada.
Desde hace varias semanas, agropecuarios, transportistas, gremiales, industriales, exportadores y cuentapropistas cerraron filas en torno a esta disposición que contempla el “control, fiscalización, confiscación y/o decomiso de productos, a los actores de comercialización de alimentos, que almacenen o retengan y/o pretendan encarecer los precios de los mismos”.
“No se va a reglamentar (...) No obstante, vamos a citar de manera bilateral, a cada una de las organizaciones interesadas en asistir al diálogo, ya no por este tema; sino para atender otras peticiones que tienen los sectores movilizados”, enfatizó el ministro.
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Asimismo, instó al TCP a actuar con la “debida celeridad” en el tratamiento de este asunto y emita el fallo respectivo. De acuerdo a los plazos, estimó que el Gobierno tiene 15 días para contestar los extremos sobre el recurso presentado y después en otros 45 días se podría conocer el fallo.
“El Gobierno boliviano, va a cumplir este auto dictado, que es de carácter vinculante. Lo que implica que no se puede adoptar ninguna medida administrativa o legal, para aplicar una disposición que, por mandato de la justicia boliviana, ha quedado en suspenso”, remarcó.
