Industriales exigen a Arce eliminar del PGE 2025 el “decomiso” de productos a empresas que “pretendan encarecer los precios”
Los industriales consideran que esta medida “generará incertidumbre entre las empresas y microempresas que preferirán dejar de producir”, además advierten que fomentará el contrabando.
La Cámara Nacional de Industrias (CNI) publicó un pronunciamiento este lunes en el que “expresa su más profunda preocupación y alarma por la disposición arbitraria de ‘confiscación y/o decomiso de productos’ a empresas que dispone el Presupuesto General del Estado 2025”.
En criterio de la institución se incluye esa disposición “bajo el pretexto de que ‘pretendan encarecer los precios de los mismos’”.
“Los industriales en forma categórica solicitan al presidente Luis Arce Catacora eliminar la citada disposición, para evitar un clima de total inseguridad jurídica para la iniciativa privada”, urgió el Gobierno.
Para los industriales, “la disposición adicional séptima del PGE - 2025 se convertirá en un instrumento de carácter discrecional, arbitrario, represivo y extorsivo, puesto que facultará a entidades públicas ‘competentes’ a activar acciones de control, fiscalización, confiscación y/o decomiso de productos a los industriales legalmente establecidos”.
Proyecto de ley
En la disposición adicional séptima se establece que “con la finalidad de garantizar la disponibilidad y abastecimiento de alimentos esenciales, se faculta a las entidades competentes, activar acciones de control, fiscalización, confiscación y/o decomiso de productos, a los actores de comercialización de alimentos, que almacenen o retengan y/o pretendan encarecer los precios de los mismos”.
“Incertidumbre”
Los industriales consideran que la medida “generará incertidumbre entre las empresas y microempresas que preferirán dejar de producir para evitar la arbitrariedad de funcionarios públicos, generando un efecto de desabastecimiento alimentario, caída de la inversión, desempleo y descenso de las recaudaciones tributarias”.
Asimismo, puntualizó que “cuando a nivel sudamericano los países crean condiciones adecuadas y propicias para impulsar la iniciativa privada, en Bolivia contrariamente se promueven normas que ahuyentan a las inversiones nacionales y extranjeras”.
“La citada disposición adicional constituirá un incentivo al contrabando y las actividades informales, debido a que el control y regulación sólo se aplica a las empresas formales”, advirtió la institución.
En ese marco, el sector industrial planteó al Gobierno “adoptar medidas de política económica, que promuevan el desarrollo industrial nacional antes que medidas de orden represivo y confiscatorio”.
