CAO denuncia restricciones y pide a legisladores no permitir que se incluya en el PGE 2025 la “intervención indiscriminada” de las cadenas productivas
La CAO manifiesta que no es correcto que la ciudadanía tenga que pagar un alto costo de vida por el “manejo irresponsable de las políticas públicas”
La Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) emitió un comunicado en el que pone de manifiesto que la producción y la oferta de productos no está en función de amenazas, restricciones e intervenciones.
Consideró que la realidad muestra que dichas intimidaciones generan mayor inseguridad y desánimo en el productor. Además, indicó que los resultados en producción de cualquier actividad son desastrosos.
La institución agroproductora hizo énfasis en que bajo ningún argumento es correcto que la ciudadanía tenga que “pagar un alto costo de vida por el manejo irresponsable” de las políticas públicas.
“Pedimos a los legisladores no permitir que se incluya en la ley del Presupuesto General del Estado (PGE 2025), la intervención indiscriminada de las distintas cadenas productivas, porque puede marcar un punto de inflexión destruyendo las misma, en desmedro de la población”, reza una parte del documento.
Recordó que “desde que se restringieron las exportaciones, se dio la implementación de cupos y se aplicaron bandas de precios” en algunos rubros, el crecimiento de estos se desaceleró a tal punto que, de ser exportadores, hoy, para cubrir el consumo interno se tiene que importar el productor de otros países en grandes cantidades, como es el caso del arroz y el maíz, entre otros.
“No somos partidarios de la especulación y todo lo ilegal se debe combatir, así como por años venimos pidiendo que se controle el contrabando que afecta a la producción nacional y nunca se hizo nada. La especulación se combate incrementando la oferta, pero si no hay condiciones para producir, las amenazas no harán aparecer más producto de un momento a otro”, señaló la CAO.
El PGE 2025 “faculta a las entidades competentes, activar acciones de control, fiscalización, confiscación y/o decomiso de productos, a los actores de comercialización de alimentos, que almacenen o retengan y/o pretendan encarecer los precios de los mismos”.
Así lo establece la disposición adicional séptima del proyecto de norma que está en el Legislativo.
Al mismo tiempo, la CAO manifestó que no es correcto que los productores pequeños, medianos y grandes que, “junto a nuestras familias somos más de la mitad de la población y que dependen de esta actividad”, vivan en una incertidumbre permanente, “con normas que solo se prestan para la presión y la extorsión”.
“Al igual que los agropecuarios, miles de familias de transportistas, comercializadores de productos agropecuarios, agroindustriales y otros dependen de nuestra actividad”, resaltó la CAO.
PGE 2025
El Presupuesto General del Estado (PGE) 2025 conserva la política de subvención del trigo, maíz y arroz con el propósito de evitar el encarecimiento de estos productos. Sin embargo, la medida es cuestionada por el sector productivo que considera que el beneficio llega a pocos y genera distorsión de precios en el mercado.
Según el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, se prevé destinar Bs 268 millones para maíz, Bs 99 millones para arroz y Bs 383 para trigo, cifras que de manera conjunta ascienden a Bs 750 millones, cifra que es mayor en Bs 50 millones con respecto al PGE 2024.