Senador Roca pide que el ajuste también lo pague el Gobierno y cierre empresas estatales deficitarias
El legislador está de acuerdo con levantar la subvención al diésel, pero asegura que el sacrificio no debe recaer únicamente en la gente de a pie, sino también en las autoridades.
El precio del diésel se vende a precio internacional desde la madrugada del sábado en Bolivia. El primer impacto se vio en el transporte interdepartamental y urbano en varias ciudades del país, y se teme que esto produzca un efecto multiplicador que termine influyendo en el costo de vida y encareciéndolo.
Este “ajuste”, como lo califica el senador de Libre, Leonardo Roca, es una medida que, considera, no solo debe ser asumida por el pueblo, sino también por el Gobierno, que aún mantiene en pie una decena de empresas estatales, pese a que se ha reconocido en numerosos informes que son deficitarias.
“Nos piden pagar el diésel a precio internacional. Correcto. Pero el sacrificio debió empezar por casa”, dice Roca, senador representante de Santa Cruz.
Roca citó una serie de casos en los que el Estado acumula más de Bs 26 mil millones en pérdidas, un costo que se financia con recursos públicos que, considera, deberían ir a la población que está asumiendo la eliminación del subsidio al diésel.
“No es tarde para tener moral. El ajuste lo pagamos todos, incluido el Estado: hay que cerrar o reestructurar de verdad lo que no es viable, no solo diagnosticarlo en un PDF. Al Estado también hay que quitarle la tranca, que no sea discurso”, afirma Roca.
Entre los casos mencionados por Roca están Bs 16.273,4 millones en deudas vigentes de empresas estatales, entre las que figuran compromisos de entidades como Yacimientos de Litio Bolivianos, que debe Bs 5.522 millones; Ecebol, Bs 3.985 millones; y la Empresa Siderúrgica del Mutún, Bs 2.740 millones.
En julio pasado, el Gobierno identificó 15 empresas públicas “quebradas”, las cuales fueron detectadas mediante un diagnóstico realizado por la Oficina Técnica para el Fortalecimiento de la Empresa Pública (OFEP), dependiente del Ministerio de la Presidencia.
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“Tenemos Etasa, Yacana, YLB, Karachipampa, Quipus, TAM, EBIH, Easba, Mutún, B-Agro, que hasta ahora no ha presentado sus estados financieros. La Empresa de Semillas, BoA, Teleférico; esa es la colección de 15 empresas quebradas”, informó entonces Pablo Camacho, director de la OFEP.
Un mes después, la OFEP presentó un informe con carácter “confidencial”, en el que se incorporan recomendaciones técnicas para cada una de las empresas evaluadas, “de acuerdo con los resultados obtenidos y como insumo para orientar las acciones que correspondan”. Estas acciones aún no se han hecho públicas.
