Sube la presión para dar de baja el decreto del diésel y sectores esperan respuesta del Gobierno
Diferentes esferas del sector productivo y del transporte rechazan la norma que establece un precio referencial de Bs 18 por litro de diésel para grandes consumidores y de Bs 9,80 para el resto de los usuarios
La presión para abrogar el Decreto Supremo 5676 aumenta mientras distintos sectores productivos y del transporte exigen al Gobierno una respuesta ante los efectos que atribuyen a la norma y al desabastecimiento de diésel.
El ejecutivo de la Cámara de Transporte del Oriente, Luis Áñez, se sumó al pedido de abrogación y espera abordar la situación este jueves con el ministro de Hidrocarburos, Marcelo Blanco, advirtiendo también que el sector permanece en emergencia por la falta de combustible y que las filas para cargar diésel continúan afectando sus operaciones.
“Lo único que ha causado este decreto es especulación, porque lamentablemente va a crear un mercado negro, y esto no ha sido la solución. Le pedimos al Gobierno que analice la anulación de este decreto, lamentablemente no funcionó y las cosas que no funcionan es mejor deshacerse y buscar una solución estructural”, sostuvo el dirigente.
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El conflicto se originó por el rechazo al decreto, que establece un precio referencial de Bs 18 por litro de diésel para grandes consumidores, mientras que para el resto de los usuarios se mantiene el precio de Bs 9,80.
En paralelo, los productores arroceros de la provincia Marbán (Beni) anunciaron un bloqueo de carreteras desde las 00:00 de este miércoles, en rechazo al decreto, que elimina la subvención de combustibles para grandes consumidores. La medida afectará la carretera que conecta Santa Cruz con Trinidad.
Por su parte, el presidente de la Confederación de Gremiales de Bolivia, César González, cuestionó que el impacto del decreto termine trasladándose a los consumidores y advirtió que la medida puede profundizar las dificultades económicas de las familias.
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“El decreto va a dar más hambre y más pobreza a las familias bolivianas, no se están pudiendo pagar alquileres”, lamentó González. “Es importante que este Decreto Supremo 5676 sea abrogado porque es un pedido no solo del sector gremial, sino de toda la cadena productiva”, señaló.
En Yapacaní, los sectores movilizados decidieron suspender por el momento el anuncio de bloqueo en el ingreso al municipio y dieron al Gobierno un plazo de 48 horas para abrogar el Decreto Supremo 5676. También exigieron que su demanda sea puesta en conocimiento del presidente Rodrigo Paz.
Al respecto, el viceministro de Régimen Interior, Hernán Paredes, señaló que informará al Gobierno sobre la petición, pero aclaró que esto no implica que la norma vaya a ser dada de baja en ese plazo.
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El rechazo al decreto se mezcla con un problema que los sectores consideran previo y urgente: el desabastecimiento, de acuerdo con Henry Chávez, gerente de Adepor, quien advirtió que el 60% del transporte pesado se encuentra haciendo filas en los surtidores, situación que impide trasladar a tiempo insumos y animales destinados a la producción porcina.
Chávez señaló que los vehículos pueden permanecer una semana detenidos en los surtidores, lo que eleva el precio de los servicios. “Esto hace que nuestros costos de producción se dupliquen, y esto, desgraciadamente, termina en las amas de casa”, apuntó.
En Cochabamba, José Orellana, máximo ejecutivo de la Federación del Transporte Federado, sostuvo que sincerar el precio real del combustible constituye un avance y el sector considera que la norma debe ser reajustada, aunque no plantea su abrogación.
“Nosotros consideramos que el decreto supremo en sí debería de ser ajustado en algunos estamentos, porque imagínese, involucra gobiernos municipales, a otros sectores, cuando, a nuestro juicio, no son grandes consumidores”, explicó.
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