Vocero presidencial denuncia secuestro de trabajadores de YPFB en toma de pozo petrolero en Santa Cruz

“Las protestas siempre serán respetadas, el crimen tiene que ser castigado en esta ocasión y en todas”, advirtió José Luis Gálvez la noche de este miércoles

Publicación: Hace 1 hora
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Gálvez advirtió que los hechos exceden el marco de la protesta social y constituyen delitos que deberán ser sancionados

El vocero presidencial José Luis Gálvez denunció la noche de este miércoles que, tras la toma instalaciones petroleras en Santa Cruz, se registró una segunda acción: se secuestró a trabajadores de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).

El reporte se da luego de que previamente se hubiera recuperado un pozo de bombeo, cuya ocupación obligó a paralizar parte de la producción de gas.

“Lo complicado, lo triste, lo inapropiado es que, y esto denunciamos de manera específica, que nuevamente hay personas de que estuvieron en esta acción, que entraron nuevamente a la empresa y secuestraron a funcionarios de Yacimientos, a personas trabajadoras”, expresó Gálvez en conferencia de prensa.

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En este sentido, Gálvez advirtió que los hechos exceden el marco de la protesta social y constituyen delitos que deberán ser sancionados por la justicia, remarcando que el pueblo boliviano fue afectado por la toma “abusiva y violenta” de una infraestructura estratégica que pertenece al Estado.

De acuerdo con la denuncia, esa acción obligó al cierre de válvulas de producción de gas, aunque posteriormente las operaciones fueron restablecidas y el personal retomó sus actividades.

“Las protestas siempre serán respetadas. El crimen tiene que ser castigado, en esta ocasión y en todas”, expresó el portavoz. “Todas las acciones criminales siempre van a recibir una respuesta firme, fuerte por parte del Gobierno nacional. No debe existir forma de justificar actos criminales como si fueran simples protestas”, resaltó.

Por otra parte, el fiscal Juan Carlos Crispin informó que 10 personas adultas se encuentran en calidad de aprehendidas en celdas de la Felcc, apuntando a los posibles delitos de daño calificado, atentado contra la libertad de trabajo entre otros.

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