En Sucre, la historia no envejece: espera, y la espera terminó. El poder político volvió a su cuna original. Los lugares hablan, y cuando el presidente electo decide recibir su mandato en Sucre, no solo rinde homenaje a la historia, también la reinterpreta. Este gesto discreto tiene un mensaje mayor: Bolivia quiere volver a pensarse en clave de República, sin renunciar a su pluralidad, y es que para los bolivianos el debate de Republica y Estado Plurinacional no es una preocupación práctica, sino simbólica y emocional.
La diferencia entre “República” y “Estado Plurinacional” no se mide en leyes, sino en símbolos. La primera evoca el pasado de orden; la segunda, el presente de reconocimiento. Pero el deseo colectivo parece ser un tercero: una República inclusiva y moderna, que una la legalidad con la diversidad.
Muchos asocian la palabra República con: orden, respeto, instituciones y legalidad. Por otra parte, cuando se menciona Estado Plurinacional, la asocian con: inclusión, reconocimiento indígena y soberanía nacional.
Esto, si bien no define la vida diaria, define cómo las personas entienden el país al que pertenecen.
Se debe tener claro que no es posible volver a la Republica sin reformar la Constitución Política del Estado, convocando a una Asamblea Constituyente aprobada por referendo popular, ya que cambia la naturaleza del Estado (art. 411.2).
Sin embargo, política y simbólicamente se puede recuperar la “República”, pero sin efectos jurídicos reales mientras no se modifique la CPE, manteniendo elementos del Estado Plurinacional.
El nombre del Estado, sea Republica o Estado Plurinacional, no tiene, por sí mismo, valor jurídico sustantivo. Lo que si tiene consecuencias jurídicas es el modelo político, social y territorial que se asocia a ese nombre, como un Estado unitario, descentralizado y multicultural (República) o la expresión de una identidad plural reconocida por la norma suprema (Estado Plurinacional).
Una forma de consenso político y jurídico podría ser: “Bolivia se constituye en una República Plurinacional, democrática, social y de derecho, que reconoce la diversidad cultural y las autonomías”.
Es importante recalcar que la ciudadanía ya no se moviliza por la etiqueta per se, sino por lo que cada término promete:
Lo interesante, al contrario de lo que muchos piensan o quieren hacer creer, es que no son concepto opuestos para la mayoría de la gente, ya que hay un deseo silencioso de reconciliar ambos relatos, unir la institucionalidad republicana con la identidad plurinacional, y ese es, al parecer, el terreno político que el presidente electo quiere ocupar.
Fuera del país, en el ámbito internacional, el término Estado Plurinacional tiene reconocimiento simbólico, pero no arrastra tanto peso diplomático o económico.
Los socios internacionales, inversores o gobiernos extranjeros, no se guían por el nombre, sino por la estabilidad institucional y el cumplimiento de la ley. Por eso, volver a reivindicar la noción republicana puede tener más impacto internacional que nacional, ya que envía la señal que Bolivia busca reordenar su institucionalidad y reconstruir confianza externa.
Si bien la Carta de las Naciones Unidas, los tratados internacionales y el derecho consuetudinario internacional reconocen a los Estados soberanos como sujetos plenos de derecho internacional, sin importar su forma política interna, en la práctica, la percepción si cambia.
Para las relaciones internacionales, la diferencia entre “República” y “Estado Plurinacional” no es solo semántica, sino también perceptiva y simbólica, especialmente en cómo un país proyecta su institucionalidad, estabilidad y previsibilidad jurídica frente al mundo, ya que el término “República” es universalmente reconocido como sinónimo de Estado con instituciones fuertes y previsibles.
En los foros diplomáticos no hay diferencia jurídica, pero en el ámbito económico, financiero y político, el término “República” suele inspirar más confianza en términos de seguridad jurídica y respeto a las reglas del juego.
Desde 2009, Bolivia proyecta una identidad soberana y diversa, pero en algunos ámbitos -como el de inversión extranjera, arbitraje internacional, cooperación, entre otros- el cambio a “Estado Plurinacional” generó una percepción de mayor imprevisibilidad jurídica.
Este miércoles 5 de noviembre, el presidente y vicepresidente electo, recibieron las credenciales presidenciales en Sucre, lo que tiene una carga simbólica, política e histórica muy profunda, ya que no es solo una ciudad, es el punto de origen de Bolivia independiente, bajo el nombre de República de Bolivia.
Se proyectan distintos mensajes implícitos:
El acto en Sucre busca transmitir la idea de que el nuevo gobierno nace de la ley, no de la lucha partidaria, reforzando un mensaje de respeto a la institucionalidad republicana y al Estado de derecho, marcando un quiebre con el estilo populista o confrontacional y reposicionando al Presidente como figura de equilibrio, legalidad y orden, ya que el poder no se toma, se recibe bajo la ley y la autoridad se somete al marco legal, no al interés político.
Sucre vuelve a ser la metáfora de la unidad bajo la ley, no de la división por identidades. Se manda un mensaje de unidad territorial y reconciliación histórica, reuniendo en un mismo escenario a las diversas regiones del país, recordando que Bolivia nació como una sola República, aunque hoy sea plurinacional y diversa.
Desde el ámbito internacional, bajo la lectura diplomática, este hecho se interpreta como una señal de retorno a la institucionalidad y previsibilidad jurídica, un intento de reconciliar la imagen del Estado Plurinacional con la tradición republicana y un reposicionamiento simbólico del nuevo gobierno como garante de estabilidad.
Bolivia se reposiciona como un país confiable, dialogante y con voluntad de reencuentro, transmite seguridad jurídica y moderación política, y muestra que el nuevo gobierno privilegiará la institucionalidad y el cumplimiento de normas internacionales.
Sucre se convierte en un gesto de madurez política, el mirar al pasado no para retroceder, sino para ranclar la legitimidad democrática en la historia jurídica del país. Se convierte en el punto de encuentro entre el pasado fundacional y el presente constitucional, un recordatorio de que el poder político solo tiene legitimidad cuando está sostenido por la ley y la memoria histórica.
El presidente electo se presenta como heredero de la tradición y conductor de una nueva etapa, generando una sensación de inicio de una restauración del orden y serenidad institucional, no como ruptura, sino como unidad, volviendo a la ley, al origen y a la confianza.
Recibir las credenciales en Sucre es decirle al país: donde la ley entrega el poder, no el partido, empieza la República; por lo que la política vuelve a la ley, y la República vuelve a casa.