“Se impuso el sentido común”. Esa fue la primera reacción de trabajadores del sector salud y educación, cuando, primero la Cámara de Diputados y luego la Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional, decidieron eliminar del proyecto de ley No. 035, el artículo que establecía la jubilación forzosa a los 65 años a los trabajadores bolivianos.
El proyecto de modificación de la Ley 065 se ajustaba a ser discriminativo porque excluía a las autoridades electas o de libre nombramiento, en un país en el que los expresidentes de Estado, reciben más de Bs.22 mil de sueldo y los militares y policías se jubilan con el 100% de su salario y los mineros con Bs.6000 mientras que los “trabajadores normales” se jubilan con el 30% de su sueldo, que en el caso de cualquier docente de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, por ejemplo, no pasa de los Bs.3000. Y también era inconstitucional porque “El Estado garantiza el derecho a la jubilación con carácter universal”, según los arts. 14, 45 de la CPE, “bajo el principio de protección de los trabajadores como principal fuerza productiva de la sociedad”, complementa el art. 48 y; “todas las personas tienen derecho a una vejez digna, con calidad y calidez humana”, refrenda el 67 del mismo cuerpo de leyes.
Además que existen varias sentencias constitucionales que han sentado jurisprudencia en el sentido que el Estado ni nadie puede obligar a un trabajador a la jubilación forzosa, entre ellas, las 0037/2016-S1 del 7 de enero, la 0015/2020-S3 del 11 de marzo, la 1035/2014 del 9 de junio que declaran inconstitucional la jubilación forzosa, bajo la premisa del Art.410 que reconoce a la CPE, como norma suprema del Estado.
Es una victoria de los trabajadores y fue una dura batalla que se prolongó por casi un año y que tuvo a médicos, profesores y docentes universitarios de pie en las calles y exigiendo en la Cámara de Diputados que esa normativa no sea aprobada.
La lucha librada contra la jubilación forzosa ha sido una batalla ganada, pero ahora falta atacar a la madre del cordero: la Gestora cuyo funcionamiento desde el 2009 ha despertado el interés del gobierno socialista de Evo Morales primero, y hoy de Luis Arce que ha puesto a dedo un gerente como encargado de abrir y cerrar la cacha de los aportes y administrar estos fondos, a pesar que el art.147 de la Ley 065 dice que ésta debe ser Administrada por un directorio compuesto por 1 presidente y 4 directores de ternas aprobadas por 2/3 de votos de los presentes de la Cámara de Diputados.
Pero eso no ha ocurrido y tenemos al Órgano Ejecutivo que sin aportar un solo centavo en el Fondo de Pensiones, se encarga de la administración de nuestros ahorros y nosotros los trabajadores, dueños de esos recursos, quedamos en el limbo. En otras palabras estamos dejando que el ratón cuide un queso de $us24.000 millones que hasta el 2023 se acumularon en las AFP, descontados de nuestros propios sueldos en una institución que este 2024 ha comprado bonos del Estado y del Tesoro General de la Nación por Bs.2.300 millones.
Y como dice el refrán: “la edad no importa a no ser que seas un queso”, hay un queso grande y jugoso que poco a poco se lo está comiendo el gobierno de turno porque es el único lugar de donde se pueden sacar fondos en este país en “tocos” que, encima perderá 875 millones de dólares por la conclusión del contrato de venta de gas con Argentina.