Hoy nos despertamos una vez más, con la noticia de un asesinato, hecho que empieza a volverse peligrosamente cotidiano, cuando en realidad debería alarmarnos. El reciente asesinato del decano del Tribunal Agroambiental no es un hecho aislado: es consecuencia, es mensaje y, sobre todo, es advertencia.
Que una autoridad investida para impartir justicia sea ejecutada en vía pública, en una zona céntrica, nos obliga a hacernos preguntas incómodas: ¿qué está fallando? ¿En qué momento el sistema dejó de proteger incluso a quienes lo representan?... y nos deja la sensación de que nadie está verdaderamente a salvo.
Nuestras propias autoridades policiales han advertido un incremento de homicidios con características de ejecución, particularmente en Santa Cruz, y esto ya no reporta sólo cifras se vuelve un patrón de comportamientos propios del sicariato: violencia planificada, precisión en los ataques y, en muchos casos, posibles ajustes de cuentas vinculados al crimen organizado, contexto que no puede ser ignorado, porque lo que estamos presenciando día a día, es en una escalada de violencia cada vez más audaz y desafiante.
Como ciudadana, la preocupación no se limita al hecho violento en sí, sino al mensaje de fondo: la posibilidad de que el crimen organizado esté midiendo fuerzas con el Estado y frente a esta realidad, la respuesta no puede ser tibia, se requiere un fortalecimiento real de las instituciones y una depuración interna donde sea necesario.
Pero hay una pregunta que también nos interpela como sociedad:¿estamos reaccionando ante estos hechos... o estamos empezando a acostumbrarnos a ellos?