Una de las cuestiones más urgentes que deberá resolver el próximo gobierno es la escasez de dólares, un problema que desde fines de 2022 ha tenido graves efectos como: presión sobre el tipo de cambio fijo, aparición del mercado paralelo, caída de las reservas internacionales, pérdida de confianza en la política monetaria y en el sistema financiero, desplome de la inversión, ralentización del comercio exterior, reducción de importaciones de insumos y aumento de la especulación.
El conflicto, que sigue vigente, se agravó por la falta de recursos para importar carburantes y cumplir con el pago de la deuda externa. Según cifras oficiales, hasta fin de año, el país necesitará 500 millones de dólares para garantizar la provisión de gasolina y diésel, y alrededor de 400 millones para atender las obligaciones crediticias.
Para 2026, el panorama será más complejo. Según datos oficiales, se requerirán unos 1.900 millones para pagar la deuda multilateral y bilateral, y cerca de 4.000 millones para la compra de combustibles. A ello se suman la devolución de depósitos en moneda extranjera a ahorristas privados (algo más de 2.500 millones), las deudas de YPFB con proveedores y la restitución de Derechos Especiales de Giro. Las cifras son alarmantes, considerando que las reservas internacionales apenas alcanzan 102 millones de dólares y no existen fuentes significativas de ingreso en el corto plazo.
El presidente electo, Rodrigo Paz, ha propuesto medidas importantes para enfrentar la crisis: reducción gradual del subsidio a los carburantes, un “shock de confianza” que incentive la circulación de los dólares que actualmente están en manos de los ciudadanos (estimados en 10.000 millones), establecimiento de un tipo de cambio único determinado por el mercado, uso de los créditos ya aprobados por la Asamblea Legislativa y renegociación de la deuda externa, entre otras.
Algunos países, como Ecuador y Panamá, resolvieron su escasez de divisas mediante la dolarización. Sin embargo, en Bolivia esta opción parece poco viable en este momento, pues implicaría la pérdida del control monetario, mayor vulnerabilidad del sistema financiero ante shocks externos y una alta resistencia social.
Por tanto, la solución requiere una combinación de medidas macroeconómicas y reformas regulatorias con visión de corto y mediano plazo, que no solo enfrenten la emergencia, sino que también construyan una salida estructural capaz de estabilizar el mercado y recuperar la confianza.
Coincido en la necesidad de flexibilizar el régimen cambiario, pasando de un tipo de cambio rígido a una flotación controlada, acompañada de una política fiscal coherente. Sin embargo, esto demandará respaldo monetario inicial y una sólida campaña de persuasión pública.
Es urgente eliminar el Impuesto a las Transacciones Financieras, una norma regresiva que grava con 0,3% las transacciones en dólares, desincentivando su uso en la economía formal. Lo razonable sería aplicar una política opuesta que fomente su utilización mediante tasas preferenciales para depósitos a plazo fijo en dólares, apertura de cuentas sin comisiones y menores costos para transferencias internacionales.
Asimismo, debiera liberarse completamente las exportaciones e impulsarlas con mejor logística, facilidades aduaneras, incentivos temporales, promoción de cadenas de valor, acuerdos comerciales y atracción de exportadores no tradicionales.
También conviene implementar programas de repatriación de capitales mediante incentivos fiscales y financieros, cuentas con tasas preferenciales o amnistías temporales. Esto podría complementarse con el fomento de remesas, formalizando canales de envío, reduciendo costos administrativos y ofreciendo productos financieros atractivos para los receptores.
El uso de criptomonedas puede ser una herramienta complementaria en ciertos segmentos, como las exportaciones de servicios, pero no representa una solución estructural. Su éxito depende de la confianza institucional, la regulación, la seguridad tecnológica y la integración con la economía formal. Por su parte, utilizar monedas como el euro, el yuan o el real podría diversificar el riesgo cambiario y fortalecer la relación con determinados socios comerciales, aunque no reemplaza la necesidad de dólares para las obligaciones internacionales.
Es clave generar incentivos para que los dólares que hoy circulan fuera del sistema formal regresen a él, lo que exige seguridad jurídica, preservación del valor, disponibilidad permanente y compensación del riesgo.
Bolivia necesita más que medidas técnicas: requiere reconstruir la confianza colectiva. Ninguna política cambiaria funcionará si la población percibe que el Estado no cumple sus compromisos o cambia las reglas del juego. La estabilidad no se logrará solo con dólares, sino con credibilidad, coherencia y una nueva relación entre el gobierno, el sistema financiero y el sector productivo.