Hace 60 años, el país se concentró de nuevo en aprobar una Constitución, esa gestualidad andina (Luis Verdesoto dixit). Era 1966 y el Congreso funcionaba como Constituyente. Esta ordenó que rigiera la Constitución de 1945, reformada en 1947.
El general Barrientos ya había decretado antes, en su segundo día de gobierno en 1964, la vigencia de la Constitución de 1947, archivando la de 1961. Imagino dónde se inspira Carlos Sánchez, cochabambino como Barrientos y, ¡ejem!, García Linera, cuando propone desplomar de un decretazo la Constitución de 2009.
Antes del golpe de Barrientos, la reelección de Víctor Paz devaluó la Constitución de 1961. Las milicias populares constitucionalizadas tampoco la hicieron más encantadora. El Congreso de 1966 tuvo el tacto, empero, de no tirar al canasto el régimen agrario y campesino posterior a 1952. Un mínimo de realismo obligó a reconocer el peso de las organizaciones campesinas.
Barrientos desoyó las súplicas de devolución de tierras de los ilusos exlatifundistas, derrotados en 1952-53. La Constitución de 1961 no resonaba bien una vez fugado el expresidente Víctor Paz, pero Barrientos ratificó igual lo evidente: las minas seguían nacionalizadas, la reforma agraria intocada, así como el Código de la Educación y el voto universal. Los decretos lo pueden todo para mi gremio, pero la realidad es aún más persuasiva.
Más allá de esas incidencias idiosincráticas, en los principios constitucionales se ven las querellas políticas de largo cuño. Por eso Carl Schmitt distinguía las leyes constitucionales de la Constitución como voluntad.
Por ejemplo, el folklore de que la Constitución de 2009 restrinja “la apropiación privada y uso exclusivo de... los microorganismos” es una mera norma de rango constitucional fortuito. En cambio, la voluntad constitucional es apenas mencionada, pero no se puede alterar ordinariamente. La Constitución actual recoge un eco de esa discusión al fijar el requisito de una Constituyente para la reforma total.
En ese ámbito de la voluntad constitucional, de las creencias de largo plazo, están la cuestión de si la soberanía reside en la Nación o en el pueblo, y la de si este delibera y gobierna, o ejerce la soberanía solo delegándola.
En 1826 la revolución aún repicaba y era el pueblo de Rousseau el soberano. En 1868, los constituyentes de Melgarejo armaron una efímera síntesis: “la soberanía de la Nación emana del pueblo”.
Con el constitucionalismo social, en 1938 la soberanía pasó definitivamente de la Nación al legendario pueblo, presente en las calles. Pero en 1967 se impuso otra vez que “el pueblo no delibera ni gobierna, sino a través de sus representantes...” (la experiencia de 1952 tenía ya agotados a muchos, aunque en adelante no amainara). Los constituyentes de 1967 refutaban así a los de 1961. Para estos, el pueblo sí “gobierna y delibera”, aunque fuera por vía de la representación.
Posteriormente, en 2004 se reformó la Constitución de 1967. Fue poco después de la erupción de octubre de 2003. Al darle cauce a la lava, se contradijo a los constituyentes de 1967, tan desconfiados de la poblada: “El pueblo delibera y gobierna por medio de sus representantes y mediante la Asamblea Constituyente, la Iniciativa Legislativa Ciudadana y el Referéndum...”.
Y en la Constitución de 2009 la soberanía no solo que reside en el pueblo, sino que se ejerce de forma directa y delegada. En ese ascenso de masas, las asambleas y los cabildos, de origen colonial, recobraron estatus deliberativo constitucional.
Ignoro si cada Asamblea Constituyente fue consciente del peso de esas palabras. La distinción luce trivial, pero encarna dogmas diferentes. La Nación, cívica o existencial, es un proyecto de continuidad. Lo integran también los muertos que votan a través de la tradición. El pueblo, en cambio, es prometeico: su ánimo muta, es rupturista, aunque el mito popular posea también un continuidad local y tradicional: la “santidad e inocencia” del pueblo de Dios, de los simples frente a las élites “frías y egoístas”.
La duda es si en la próxima ronda de gestualidad constitucional nos acercaremos a la prudente Nación o a la acción directa del pueblo. Dos siglos apuestan por este. No sé si sea del todo alentador.