La actual Asamblea Legislativa tiene el desafío urgente de nombrar a los nuevos vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y participar en el nombramiento de los vocales de los Tribunales Electorales Departamentales (TEDs). Los nuevos asambleístas tienen la responsabilidad de consensuar y seleccionar a personas honestas y con trayectoria profesional intachable. Esa es una primera condición indispensable, pero debe complementarse con una formación que garantice idoneidad técnica para asumir de manera inmediata la Elección de Autoridades Políticas Departamentales, Regionales y Municipales (elecciones autonómicas) en marzo de 2026.
Los tribunales electorales en Bolivia necesitan abogados expertos en derecho electoral y constitucional. Se precisa, también, comunicadores con formación en educación ciudadana y capacitación digital, con experiencia en diseño de cursos en plataformas y en campañas de empadronamiento. Son imprescindibles ingenieros de sistemas e informática, con experiencia en diseño de sistemas para instituciones que manejan millones de datos con garantías de seguridad, así como hardware y software necesarios para los procesos electorales. Por supuesto, se requieren cientistas sociales con habilidades de análisis de la compleja realidad boliviana y de diálogo con organizaciones políticas, organizaciones indígenas, organizaciones regionales y con la sociedad civil en general. Asimismo, otros profesionales en administración pública.
Son imprescindibles personas con habilidades blandas, ya que se requiere mucho carácter, liderazgo y capacidad de diálogo. Internamente, dentro de las salas plenas (del TSE y los TEDs) se requieren personas con capacidad de establecer acuerdos, lograr consensos y respetar los disensos. También, es importante el ejercicio de diálogo externo con otros poderes del Estado y con partidos políticos de manera pública y firmando compromisos de viabilidad para las elecciones autonómicas. Un buen ejemplo de ello fueron los encuentros realizados por el actual Tribunal Supremo Electoral, a la cabeza del presidente Oscar Hassenteufel para la realización de las Elecciones Generales 2025. Los resultados son claros, a pesar de las críticas: fueron unas elecciones realizadas con resultados transmitidos por el TSE, de manera oportuna, en primera y segunda vuelta.
En Bolivia, el Órgano Electoral es la única institución que se encarga de dos responsabilidades distintas: En primer lugar, organizar las elecciones en todos los niveles autonómicos y la circunscripción nacional, además de supervisar las elecciones por normas y procedimientos propios, los cabildos o las elecciones de cooperativas de servicios públicos, entre otros. Vale decir, tiene competencias organizativas y de gestión de los procesos electorales. En segundo lugar, tiene competencias legales jurisdiccionales, o sea, para resolver conflictos electorales, juzgar los delitos electorales, otorgar y quitar personerías a los partidos políticos, otorgar y quitar credenciales a autoridades electas e, incluso, procesar a los propios colegas vocales del TSE y de los TEDs.
En países vecinos, existen dos tribunales uno jurisdiccional, es decir, que se ocupa de lo legal, mientras que otro ente organiza las elecciones. En Perú, por ejemplo, El Jurado Nacional Electoral emite las normativas y resoluciones en materia electoral y está conformado por un Pleno, integrado por cinco miembros uno por la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia de la República; uno por la Junta de Fiscales Supremos, uno por el Colegio de Abogados de Lima y dos de los miembros son elegidos por universidades. Todos son abogados. Mientras que el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), realiza las elecciones. Lo mismo pasa en Ecuador, donde el Consejo Nacional Electoral organiza las elecciones, y el Tribunal Contencioso Electoral administra la justicia en la jurisdicción electoral. Por eso el Tribunal Contencioso electoral está conformado solo por abogados. En Bolivia, el TSE y los TEDs cumplen funciones tanto legales, como organizativas, por tal motivo, se necesita varios perfiles para juzgar, pero también para administrar, comunicar, educar y crear sistemas informáticos seguros y confiables.
Dicho lo cual, la primera condición para designar a los nuevos miembros de los tribunales electorales en Bolivia, tanto desde la Asamblea Legislativa como desde la Presidencia de la República, es el compromiso con la democracia, por encima de intereses de partidos o de grupos de poder. En segundo lugar, estas personas deben contar con las capacidades técnicas ya mencionadas. Solo así podemos hablar de una reforma institucional en el Órgano Electoral, que garantice el equilibrio de representación entre las circunscripciones urbanas y rurales, una auditoría del padrón electoral y un cruce de datos entre el SEGIP, el SERECI y el y mismo padrón electoral, de manera abierta y transparente.
*Dunia Sandoval Arenas es exvocal del Tribunal Supremo Electoral