La crisis energética boliviana es económica, institucional, política y estructural; no se resolverá con decretos ni soluciones mágicas. Requiere una reforma integral del sector energético, con nuevas reglas para hidrocarburos y electricidad, mayor inversión, diversificación energética y una redefinición del papel del Estado.
Pero mientras diseñamos la casa del futuro, hay que apagar el incendio de la cocina. Y hoy el incendio tiene dos nombres particularmente inflamables: escasez de diésel y gasolina, y una subvención fiscalmente insostenible.
Dejemos clara desde el principio la dirección de largo plazo: Bolivia debe retirar completamente las subvenciones generalizadas a los combustibles y avanzar también hacia la racionalización de las subvenciones eléctricas, permitiendo que los precios reflejen progresivamente los costos económicos reales. No tiene sentido esconder indefinidamente el verdadero costo de la energía y esperar, además, que aparezcan inversiones, eficiencia y nuevas tecnologías.
El desafío no es solo eliminar la subvención, sino hacerlo sin matar al paciente. Un nuevo gasolinazo enfrenta enormes restricciones políticas; por eso propongo el token de energía como mecanismo para focalizar, limitar y retirar gradualmente el subsidio.
Bolivia ha tratado el problema como un interruptor: subsidio encendido o apagado. O combustibles baratos para todos hasta mandar al Tesoro a terapia intensiva, o precios reales de golpe, esperando que las calles descubran las virtudes de la disciplina fiscal. En diciembre de 2025, el gobierno de Paz rompió esta dicotomía. La gente aceptó razonablemente el incremento de precios, pero se cometió el error de la gasolina contaminada.
Pero esto no fue lo peor. La historia tiene un giro todavía más dramático. Dos meses después, el petróleo internacional subió y la subvención volvió sin pedir permiso.
¿Cómo puede regresar algo que supuestamente habíamos eliminado? Muy sencillo: porque cambiamos el precio, pero no cambiamos el sistema. Bolivia compra buena parte de sus combustibles en dólares y a precios internacionales, pero los vende internamente a un precio fijado en bolivianos. Cuando afuera sube el petróleo y aquí el precio permanece quietito, alguien tiene que pagar la diferencia. Ese alguien es el Estado. Es decir, usted, yo y hasta el ciudadano que anda en bicicleta.
La propuesta del token de energía intenta cambiar precisamente esa lógica. La idea puede resumirse en una frase: en lugar de subsidiar litros, subsidiemos personas o sectores. Y, sobre todo, pongámosle un límite a la cuenta.
¿Qué diablos es un token de energía? El token no es Bitcoin, no es una criptomoneda, no es una fichita y tampoco es un papelito que pueda revenderse el domingo en la Pérez Velasco. Es un derecho individual acotado, denominado en unidades de energía. Piense en los gigas de su celular. Su plan le entrega 10 gigas al mes. Usted no recibe 10 gigas dentro de una bolsita. Simplemente aparecen como saldo en su cuenta. Usa internet, el saldo disminuye; se termina el paquete y puede seguir navegando, pero paga la tarifa correspondiente.
El token funcionaría igual. Cada persona tendría mensualmente un determinado cupo de energía subsidiada por el Estado, calculado según su vehículo y, cuando corresponda, su actividad económica.
Por ejemplo: una familia con un automóvil pequeño: 100 unidades; un taxista que trabaja todos los días: 500 unidades; una camioneta de lujo: cero unidades.
Porque proteger la movilidad de una familia o el trabajo de un taxista puede ser política social. Financiar el paseo dominical de una camioneta de 70.000 dólares ya comienza a parecer beneficencia con gustos bastante caros. Y aquí aparece una innovación importante: quien trabaja más no pierde el subsidio.
Si un taxista recorre más kilómetros porque tuvo más pasajeros, su cupo puede aumentar. Lo mismo podría hacerse con un transportista según toneladas y kilómetros recorridos, o con un agricultor según hectáreas efectivamente trabajadas. La regla sería sencilla: más actividad comprobada = más energía protegida.
Así evitamos esa maravillosa política pública que consiste en castigar al que trabaja más porque tuvo la mala suerte de que se le terminara su cupo. ¿Cómo se controla el kilometraje? Con un chip que se coloca en el automóvil.
¿Y qué pasa cuando se termina? Absolutamente nada dramático. Supongamos que Don Ramiro tiene 180 unidades de energía subsidiadas y necesita cargar 200. Las primeras 180 reciben el subsidio. Las siguientes 20 se cobran a precio de mercado. Todo ocurre en la misma carga y aparece en la misma factura.
Nunca se acaba la gasolina administrativamente; lo único que se acaba es el subsidio. Esa diferencia parece pequeña. En realidad, cambia toda la arquitectura del sistema.
Aquí aparece inmediatamente una tradición nacional: a cada solución hay que encontrarle primero tres problemas. La objeción más frecuente es que aparecería un mercado negro de tokens y combustibles. Precisamente, la propuesta intenta hacer lo contrario.
Hoy el contrabando existe por una razón bastante menos misteriosa que nuestra geografía: es un gran negocio. Si un litro cuesta mucho menos en Bolivia que en Perú, alguien descubrirá tarde o temprano que una frontera también puede convertirse en modelo de negocios. Ningún policía puede competir indefinidamente contra semejante incentivo económico. Por eso, el sistema atacaría el problema en tres lugares.
Primero: trazabilidad del combustible con tokens. Cada litro importado quedaría registrado desde que entra al país hasta que sale por el surtidor. Si una estación recibió 30.000 litros y misteriosamente vendió 50.000, no necesitamos convocar a Sherlock Holmes. Hay 20.000 litros que aparecieron por generación espontánea. El sistema debería detectarlo ese mismo día. La importación pública y privada debe ser incentivada mediante precios desregulados.
Segundo: la triple llave. Para utilizar el subsidio en el consumo deben coincidir tres cosas: persona + vehículo + actividad. No basta inventarse un número de carnet, conseguir una placa o presentar un código. Las tres identidades deben corresponder.
El token tampoco puede venderse porque no existe como objeto independiente: está asociado digitalmente al beneficiario y a su consumo. Y si alguien tiene 100 unidades subsidiadas, utiliza sus 100. Si vuelve al día siguiente queriendo hacerse al vivo y comprar otras 100, puede hacerlo encantado. Solo que las paga a precio completo o de mercado.
¿Y el que recibe gasolina subsidiada, estaciona su carro en el garaje y sale a vender gasolina en bidón? Pues le ahorramos el trabajo. En el aplicativo que se asigna a su token de energía subsidiada, hay otro botón al lado que le permite usar su saldo favorable de unidades de energía para pagar la electricidad, pagar el agua, ambos con descuentos, o monetizar parte de estos tokens también con un beneficio financiero.
La clave: fijar el subsidio, no el precio. Esta es probablemente la idea más importante de toda la propuesta. Hoy hacemos algo extraordinariamente peligroso para las finanzas públicas: fijamos el precio y dejamos flotando el subsidio.
El Estado dice, en términos simplificados: “La gasolina costará X bolivianos, independientemente de cuánto me cueste traerla”. Eso equivale a firmar un cheque en blanco contra dos variables que Bolivia no controla: el precio internacional y el consumo interno.
La propuesta da vuelta la ecuación: fijemos cuánto subsidia el Estado y dejemos que el precio refleje progresivamente el costo económico real.
Por ejemplo, el Gobierno podría decir: “Cada unidad protegida recibe Bs 5 de subsidio”. Si el petróleo internacional sube, el Estado sigue poniendo cinco. Si baja, sigue poniendo cinco. Y cada beneficiario sabe exactamente cuántas unidades protegidas tiene.
De pronto ocurre algo casi revolucionario en las finanzas públicas bolivianas: podemos saber cuánto vamos a gastar. Y aparece otra ventaja. Si mañana necesitamos reducir el costo fiscal, no necesariamente hay que lanzar otro gasolinazo nacional. Puede reducirse gradualmente el cupo del token.
De subsidiar gasolina importada a financiar la transición energética
Aquí está quizás la parte más interesante. El actual subsidio no solamente cuesta dinero. También distorsiona las decisiones de inversión.
Supongamos que un taxista piensa convertir su automóvil de gasolina a gas natural. La conversión cuesta aproximadamente Bs 5.500. Con gasolina fuertemente subsidiada, tal vez tarde alrededor de quince meses en recuperar esa inversión. Pero si compara contra el costo económico real de la gasolina, podría recuperarla en pocos meses.
Traducido al castellano: el Estado está gastando dinero para conseguir que sea menos atractivo dejar de consumir combustible importado. El token puede invertir ese incentivo.
Una unidad de energía, distintas tecnologías
El token no tendría por qué estar expresado exclusivamente en litros de gasolina. Podría expresarse en unidades de energía utilizables en gasolina, diésel, gas natural o electricidad.
Entonces, el mismo saldo podría rendir, por ejemplo, 40% más kilómetros utilizando gas que gasolina. Nadie obliga al taxista a cambiar. Simplemente descubre algo mucho más poderoso que un decreto: le conviene.
El subsidio que no consumo se convierte en inversión
Supongamos ahora que una familia utiliza menos energía de la asignada. Una parte del subsidio ahorrado podría acumularse en una cuenta destinada exclusivamente a inversiones energéticas: instalar un calentador solar, comprar paneles solares o, en el futuro, financiar parte de un vehículo eléctrico.
Así transformamos progresivamente: subsidio al consumo → ahorro → inversión energética. Y sin inventar un nuevo gasto fiscal: estamos redireccionando recursos que ya estaban presupuestados para subsidiar energía.
Finalmente, cuando Bolivia tenga mayor generación solar y eólica, el mismo sistema podría ofrecer más unidades a quienes carguen sus vehículos eléctricos en las horas de mayor generación renovable.
En vez de tener miles de automóviles conectándose simultáneamente a las siete de la noche, podríamos incentivar la carga al mediodía, cuando sobra energía solar. El token dejaría entonces de ser únicamente un mecanismo fiscal. Se convertiría también en una herramienta para administrar inteligentemente la demanda energética.
Ahora viene la parte incómoda. Todo esto puede sonar maravillosamente moderno: identidad digital, trazabilidad, unidades energéticas, algoritmos, incentivos inteligentes...
Pero si el sistema que identifica al automóvil en el surtidor funciona mal, podemos ponerle inteligencia artificial, blockchain y hasta bendición papal: seguirá funcionando mal.
Según datos conocidos de la propia autoridad sectorial, el sistema actual (B-SISA) de identificación vehicular tiene enormes deficiencias. Pues aquí hay que actuar y medir bien: identificar correctamente vehículos, estaciones, volúmenes comprados y volúmenes vendidos. Primero contabilidad. Después Silicon Valley. También necesitamos una legislación seria de protección de datos personales.
El token de energía no resuelve por sí solo la crisis energética boliviana. Tampoco decide quién merece subsidio, cuánto debe recibir ni durante cuánto tiempo. Esas son decisiones políticas. Lo que sí hace es cambiar radicalmente la pregunta.
En suma, la propuesta significa pasar de un subsidio generalizado, ciego, abierto, regresivo y fiscalmente impredecible a otro focalizado, limitado, transparente y compatible con la transición energética.
La propuesta está sobre la mesa. Que comience el debate.
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