Cámara de Diputados sesiona con la ley de diferimiento de créditos en mesa

El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas aseguró que se trata de una medida que “no compromete la estabilidad del sistema financiero”; Asoban advierte que puede comprometer las operaciones del sector.

Publicación: Hace 3 horas
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[Foto CD.] / La sesión de la Cámara de Diputados.

La Cámara de Diputados instaló este jueves la sesión ordinaria 159 con proyecto de ley de diferimiento del pago de créditos en mesa, que observó Asoban. Expertos advierten que la norma puede comprometer la liquidez del sistema financiero.

En la agenda están incluidas normas referidas a los “geoparques y geositios”, “Mi Hogar, Mi Patrimonio” la ley de “suspensión de embargos créditos de vivienda y MYPES” y el diferimiento del pago de las cuotas por seis meses, además del informe sobre Yacimiento Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y el “presupuesto 2026-2030”.

El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas aseguró que se trata de una medida “temporal” que “no compromete la estabilidad del sistema financiero”.

La Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban) expresó su preocupación sobre el Proyecto de Ley 547/2024-2025, que plantea un nuevo diferimiento en el pago de cuotas de capital e intereses de los préstamos bancarios.

”Asoban expresa su profunda preocupación ante el Proyecto de Ley N° 547/2024-2025 que plantea un nuevo diferimiento”, señala el pronunciamiento del sector, advirtiendo que una medida de este tipo comprometería la estabilidad del sistema financiero boliviano.

”Asoban hace un llamado a asambleístas y autoridades del Gobierno para evitar medidas que comprometan la estabilidad financiera”, señala el comunicado en el que también se manifiesta la disposición para analizar cada caso de manera individual, con el objetivo de encontrar soluciones responsables y sostenibles.

Esta propuesta puede comprometer la liquidez del sistema financiero y frenar nuevas colocaciones de crédito, advirtió el economista Joshua Bellott, quien consideró que medidas de este tipo deben ser analizadas por las nuevas autoridades electas, no por un Gobierno que concluye su mandato el 8 de noviembre.