Caso Petrocontratos: Juicio contra Goni termina esta semana y se aguarda una sentencia de 10 años de cárcel, dice Procuraduría
El expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada, dos exministros y un exviceministro fueron enjuiciados por los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.
El procurador general del Estado, Cesar Siles, informó que está semana se conocerá la sentencia del caso Petrocontratos contra el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y tres de sus exautoridades acusados por los delitos de conducta antieconómica e incumplimiento de deberes.
“Estamos aguardando con expectativa que la sentencia puede dictarse en esta semana (...) se ha reiniciado el juicio en la sala plena del Tribunal Supremo de Justicia, se está resolviendo las objeciones o exclusiones probatorias que hubiera presentado desde la defensa contra la prueba documental”, dijo Siles este miércoles en conferencia de prensa.
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La autoridad dijo que los cuatro acusados por los delitos señalados son pasibles a recibir 10 años de cárcel tras un proceso que duró varios años.
“Esperemos puedan ser condenadas estos días”, dijo la autoridad a tiempo de señalar que los implicados fueron enjuiciados en rebeldía.
A parte de Sánchez de Lozada, se encuentran acusados las exautoridades: Jorge Berinduagui Alcocer, Carlos Alberto Contreras del Solar y Carlos Alberto López Quiroga.
Siles recordó irregularidades en 107 contratos de comercialización y exploración de hidrocarburos “sin la autorización congresal que exigía la anterior Constitución Política del Estado”.
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“Fueron firmados estos contratos con transnacionales petroleras para la explotación de nuestros hidrocarburos”, dijo Siles.
Antecedentes:
El caso Petrocontratos se activó el 2005 contra los expresidentes Sánchez de Lozada y Jorge Tuto Quiroga, además del exministro Carlos Alberto Contreras del Solar y otros implicados.
Quiroga, que era procesado por la Fiscalía por los delitos de incumplimiento de deberes formales y conducta antieconómica por la presunta firma de contratos petroleros para la exploración de hidrocarburos en el territorio nacional sin autorización del Congreso.
La exautoridad se acogió a un decreto de amnistía promulgado por Evo Morales en 2018 y fue excluido del caso.
