Choquehuanca le pide al TCP pronunciarse sobre la legalidad de las leyes aprobadas por la ALP
El jueves se desarrolló una sesión de la Asamblea Legislativa Plurinacional que fue presidida por Andrónico Rodríguez, en la que se aprobó un paquete de normas relacionadas a la prórroga de magistrados y las elecciones judiciales, entre otras normas
Tras la sesión de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), presidida por Andrónico Rodríguez, en la que se aprobaron normas contra la prórroga de magistrados y una resolución para dar continuidad a la preselección de las judiciales, el presidente en ejercicio, David Choquehuanca envió una carta al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) para que esta instancia se pronuncie sobre la legalidad de esas normas.
“Agradeceré (...) emita un pronunciamiento jurisdiccional que permita tener certeza jurídica sobre la validez de estos actos legislativos para que se imprima la gestión que corresponda o, en su defecto, disponga se devuelvan esas notificaciones”, señala la misiva firmada por Choquehuanca, como presidente en ejercicio de Bolivia.
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La misiva firmada por Choquehuanca está dirigida a Paul Franco, presidente del TCP, al que la oposición y evistas consideran como ‘autoprorrogado’ en sus funciones.
En la carta, Choquehuanca pone como antecedentes el auto constitucional que admitió el recurso interpuesto por el diputado Juan José Jauregui, para que se declare nula la sesión. Además de la suspensión de la competencia de Andrónico Rodríguez, para llevar adelante la sesión.
Otra observación que realiza Choquehuanca está relacionada con la ley 075, contra la prórroga de los magistrados. El presidente en ejercicio sostiene que la Declaración Constitucional 0049/2023 del 11 de diciembre del 2023 ya ha resuelto la continuidad de los altas autoridades de la Justicia en Bolivia.
”Se observa que el proyecto de ley 075/2023-2024 intenta regular aspectos que ya fueron objeto de control normativo de constitucionalidad, en cuanto a medidas legislativas que en su momento pretendían disponer plazos procesales y la generación de un vacío de poder en la administración de justicia”, señala la carta.
