Cívicos: Una visa restringida no es una condena judicial, pero exige respuestas de los involucrados
El presidente del Comité pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, recordó que denunciaron por corrupción al exfiscal general de Estado, Juan Lanchipa, ahora vetado por EEUU
Ante el listado publicado por EEUU en donde se incluye a autoridades y exautoridades bolivianas por presuntos vínculos con narcotráfico y corrupción, desde el Comité pro Santa Cruz consideraron que esto no implica una condena judicial, pero sí exige un pronunciamiento de los involucrados.
“Una visa restringida evidentemente no es condena judicial, pero exige respuestas de todas las autoridades involucradas, en especial del Estado boliviano en sus esferas del Poder”, sostuvo el vicepresidente Agustín Zambrana. “La soberanía empieza por limpiar nuestra propia casa y país”, agregó.
Por su parte, el presidente cívico Stello Cochamanidis pidió que la Cancillería solicite las pruebas que sustentan las acusaciones.
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Las declaraciones surgen tras la difusión de una nueva lista del Departamento de Estado estadounidense con 15 bolivianos a los que se restringió la visa, entre autoridades en ejercicio, exautoridades y un civil, tema que se conoció menos de un mes después de una primera publicación que incluyó al exfiscal Roger Mariaca.
“Es una vergüenza que Bolivia necesite listas de Washington (EEUU) para decirnos que nuestras autoridades, jueces y fiscales están vinculadas y cuestionadas internacionalmente con narcotráfico y corrupción”, sostuvo el vicepresidente de la institución.
Por su parte, Cochamanidis recordó las denuncias que presentó el Comité en 2020 contra el entonces fiscal general Juan Lanchipa, ahora incluido en el listado, recordando que el entonces presidente cívico Rómulo estuvo 42 días en Sucre con documentación para denunciar presuntos vínculos con corrupción y narcotráfico.
“Después de 6 - 7 años, definitivamente, desde otro lado, aparentemente dan la razón de lo que nosotros denunciábamos en su momento”, sostuvo Cochamanidis, al insistir que corresponde a la Cancillería boliviana solicitar a su par estadounidense la documentación que respalda las acusaciones.
