Diputada Campero denuncia que Agetic continúa con licitación para aplicar nuevo sistema de Derechos Reales
La denuncia de la diputada Luciana Campero surge porque el 10 de mayo el TCP decidió suspender la aplicación del DS 5143 sobre Derechos Reales mientras analiza acción de inconstitucionalidad
Pese a que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) suspendió la aplicación del Decreto Supremo 5143 sobre Derechos Reales, la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías (Agetic), que depende del Ministerio de la Presidencia, continúa con el proceso para la contratación de equipos para implementar un nuevo sistema informático, así lo denunció la diputada Luciana Campero.
“La Agetic sigue teniendo en curso una millonaria adquisición tecnológica para la implementación del sistema único de gestión de servicios y registros de derechos reales. Tenemos la seguridad de que el Ministerio de la Presidencia, a través de Agetic, quiere controlar los datos de todos los bolivianos, no sólo de derechos reales, sino también de telecomunicaciones”, señala Campero en un video que compartió en las redes sociales.
De acuerdo al documento del proceso de contratación, que está cargado en la web del Sicoes, la Agetic licita la adquisición de dos ítems, el primero de ellos por Bs 29.983.621 y el segundo por Bs 1.154.720, haciendo un total de Bs 31.138.341.
La diputada cuestiona por qué sigue en marcha este proceso, tomando en cuenta que la semana pasada se conoció que el TCP decidió “la suspensión temporal de la aplicación del DS 5143 en tanto se resuelva la acción de inconstitucionalidad abstracta, hasta que se emita la correspondiente sentencia constitucional”.
“Son más de 31 millones de bolivianos los que la Agetic ha destinado para la adquisición de computadoras y un software que va a permitir al gobierno nacional poder manipular los datos del derecho privado de los ciudadanos bolivianos. Nuevamente estamos ante un Estado policíaco que se quiere entrometer en la vida privada de todos los bolivianos”, señala Campero.
La diputada también cuestiona por qué el Órgano Judicial, contando con un presupuesto tan alto, no ha lanzado la licitación de la infraestructura tecnológica para manejar los datos de Derechos Reales.
