“El que haya asesinado tiene que pagar”: Gobierno deja en manos de la justicia la muerte en Vilaque
El vocero presidencial José Luis Gálvez sostuvo que, si bien la labor investigativa le corresponde a la justicia, desde el Órgano Ejecutivo se va a supervisar la correcta investigación
Desde el Órgano Ejecutivo, el vocero presidencial José Luis Gálvez señaló que la investigación por la muerte de un joven en Vilaque (La Paz) está en manos de la justicia, aunque resaltó que el Gobierno realizará un seguimiento al proceso para garantizar su correcto desarrollo.
“El que haya asesinado tiene que pagar. La Ley no está para ser rota, y nadie está por encima de la Ley”, sostuvo el portavoz en contacto con los medios de comunicación. “Ningún boliviano debería perder la vida bajo ninguna circunstancia similar”, remarcó.
El caso se refiere a la muerte de Víctor Cruz Quispe, de 24 años, quien perdió la vida en la localidad de Vilaque, municipio de Calamarca, durante el operativo ‘Corredor Humanitario de Banderas Blancas’.
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El certificado de defunción establece un “traumatismo cervical penetrante por proyectil de arma de fuego”, mientras la Fiscalía abrió investigación por homicidio y aún espera pericias clave.
En medio de la polémica, el vocero Gálvez se refirió que el manejo inicial de la información y la presión comunicacional del momento, recordando que se alertó sobre rumores y desinformación, al igual que no existían certificados de fallecimiento confirmados.
Gálvez añadió que el posterior conocimiento del deceso cambió el escenario y motivó expresiones de pesar. “Por eso pido disculpas”, señaló, al explicar que la comunicación se dio en un contexto de presión y con el objetivo de avanzar en la pacificación del país, sin contar aún con todos los datos confirmados.
La investigación avanza con la recolección de imágenes en torno a este presunto homicidio y la coordinación del Ministerio Público, aunque las pericias balísticas y el ingreso del Instituto de Investigaciones Forenses siguen pendientes debido a los bloqueos en la ruta La Paz-Oruro.
En ese marco, el Gobierno insistió en que no se adelantarán conclusiones y que será la justicia la que determine responsabilidades técnicas y penales.
