¿García es el zar anticorrupción? El Gobierno decreta “prioridad nacional del Estado” la lucha contra este flagelo
El viceministro de Transparencia, Lucha Contra la Corrupción, Integridad Pública y Justicia, Yamil García, “se constituye en el ‘Representante Gubernamental para la Transparencia, Lucha Contra la Corrupción, Integridad Pública y Justicia’”
El gabinete de ministro de Rodrigo Paz aprobó el Decreto Supremo 5706 con el cual declara “prioridad nacional del Estado” la lucha contra la corrupción, la promoción de la integridad pública, el fortalecimiento de la transparencia institucional y la protección de los recursos de interés del Estado”.
Según la citada norma, el objetivo es “garantizar el uso eficiente de los recursos públicos, y optimizar la capacidad del Estado frente a hechos que afecten su integridad y consolidar la confianza ciudadana”.
En ese marco, el viceministro de Transparencia, Lucha Contra la Corrupción, Integridad Pública y Justicia, Yamil García, “se constituye en el ‘Representante Gubernamental para la Transparencia, Lucha Contra la Corrupción, Integridad Pública y Justicia’”.
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“El ‘Representante Gubernamental para la Transparencia, Lucha Contra la Corrupción, Integridad Pública y Justicia’ queda facultado para la coordinación y articulación estratégica en materia de transparencia, lucha contra la corrupción, integridad pública y justicia, dentro el Órgano Ejecutivo, así como ante los Órganos del Estado, entidades e instituciones públicas y/o privadas que correspondan”, reseña el segundo parágrafo del artículo 3.
Este viceministerio “se constituye en la instancia encargada de realizar la vocería jurídica en temáticas vinculadas a sus atribuciones conforme lo establecido” en el decreto.
El Gobierno argumentó que “es necesario lograr en el Estado Plurinacional de Bolivia ‘Cero Corrupción, Transparencia Radical y Probidad Estatal’”, para lo cual se busca “fortalecer la capacidad operativa y de gestión” del Viceministerio de Transparencia.
Atribuciones
Una de sus atribuciones citadas en la norma es “coordinar con los Órganos del Estado, entidades territoriales autónomas, entidades públicas, organizaciones sociales y sector privado la implementación de políticas nacionales de integridad pública y lucha contra la corrupción”.
Pero además deben “promover mecanismos permanentes de articulación interinstitucional para la prevención, detección y gestión de riesgos de corrupción”.
También puede “ejecutar acciones inmediatas “in situ”, en las entidades y empresas públicas, mixtas, cooperativas, u otras en la cual el Estado tenga participación patrimonial, independientemente de su naturaleza jurídica, en el ámbito de sus atribuciones”.
En este último caso, el objetivo es “identificar y requerir información o documentación física o digital, mismas que deberán ser proporcionadas de manera obligatoria e inmediata”.
Articulación
La norma además estipula que “en el marco del principio de cooperación amplia” señalado en la Ley de Lucha Contra la Corrupción, el Viceministerio de Transparencia y la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) “tienen el deber de coordinar acciones e intercambiar información a fin de lograr eficacia en la lucha contra la corrupción, la integridad pública, la promoción de la transparencia y la protección de los recursos e intereses del Estado”.
A continuación, revise el decreto aprobado por el Gobierno:
