Abren proceso por el operativo y “ejecuciones” en el Hotel Las Américas, anuncian dos sobrevivientes
Mario Tadic y Előd Tóásó pidieron a la población colaborar con las pesquisas de la Fiscalía con la presentación de pruebas “ya publicadas o no publicadas”, declaraciones y testimonios “para llegar a la verdad sobre los autores intelectuales y materiales”.
En Bolivia se abrió un proceso penal por el operativo y la vulneración de derechos humanos, entre ellas “ejecuciones extrajudiciales”, en el Hotel Las Américas de Santa Cruz de la Sierra en abril de 2009, que luego se conoció como el “caso terrorismo”.
Mario Tadic y Előd Tóásó publicaron un comunicado en ese sentido. Se trata de los sobrevivientes del grupo que fue abatido en esa intervención ejecutada durante el Gobierno de Evo Morales.
“Mario Tadic y Előd Tóásó comunican a los ciudadanos bolivianos que el Estado boliviano ha abierto el caso NUREJ 70264734 que radica en el Juzgado Sexto de Instrucción Penal en la ciudad de Santa Cruz, a cargo de la Fiscal de Materia Marioly Torrez Jurado”, se lee en el comunicado publicado por Tóásó en sus cuentas de redes sociales.
En ese contexto, se precisa que este proceso está vinculado con “el caso de violaciones de Derechos Humanos como ser: ejecuciones extrajudiciales en el Hotel Las Américas, tortura a los sobrevivientes y otros delitos y violaciones de derechos durante el proceso”.
Tadic y Toasó pidieron a la población colaborar con las pesquisas de la Fiscalía con la presentación de pruebas “ya publicadas o no publicadas”, declaraciones y testimonios “para llegar a la verdad sobre los autores intelectuales y materiales de estos hechos crueles y temerarios”.
Un tribunal de La Paz condenó en febrero de 2015 a Tadic y Tóásó a cinco años de prisión tras acogerse a un juicio abreviado por este caso. Semanas después, salieron de la cárcel porque cumplieron la condena en la detención preventiva y abandonaron el país.
En el denominado “caso Terrorismo”. En marzo de ese año salieron de la cárcel porque cumplieron con su condena tras permanecer más de cinco años en prisión.
Los involucrados en este caso se declararon víctimas del Estado y presentaron una denuncian ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que, en 2023, recomendó al Estado boliviano investigar las denuncias de ejecuciones extrajudiciales y las violaciones a los derechos humanos que presuntamente se cometieron en este caso.
Además, sugirió un resarcimiento por los daños generados en las víctimas.
Hace algunas semanas el procurador César Siles comunicó que se hace complejo llegar a un acuerdo con los demandantes por el monto de la indemnización, por lo que avizoró que el caso llegue a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
