Lara convoca para el 5 de octubre al pleno del Legislativo para analizar el veto de EEUU a fiscales, jueces y exautoridades
El Gobierno de EEUU puso al fiscal general del Estado, Roger Mariaca y a otros ciudadanos bolivianos a quienes acusa de atentar contra gobiernos democráticamente elegidos mediante corrupción o narcotráfico
El vicepresidente del Estado, Edmand Lara, convocó al pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional a una sesión para analizar el informe de Estados Unidos sobre el veto a un grupo de 13 personas entre los que hay fiscales, jueces y exautoridades y evaluar la confirmación de una Comisión Mixta para investigar el caso.
En el documento se precisa que la convocatoria se realiza “en atención a la solicitud de las Presidencias de ambas Cámaras”.
La convocatoria a los senadores y diputados a la Décima Octava Sesión Ordinaria es para el lunes 5 de octubre de 2026, a horas 15:00, en el Hemiciclo de la Asamblea Legislativa Plurinacional.
Agenda
El orden del día contempla la “consideración del informe y demás comunicaciones públicamente atribuidos al Departamento de Estado de los Estados Unidos de América, difundidos el 28 de septiembre de 2026, sobre la revocación o cancelación de visas y otras restricciones de ingreso respecto de todas las autoridades, exautoridades, servidores públicos y demás personas bolivianas mencionadas, incluidos los familiares expresamente alcanzados por dichas medidas”.
Además, se incluye la “consideración de la documentación e informes requeridos a las instituciones competentes; y, en su caso, conformación de una Comisión de Investigación Parlamentaria, con objeto y alcance definidos”.
Informe
El Gobierno de EEUU puso al fiscal general del Estado, Roger Mariaca y a ciudadanos bolivianos a quienes acusa de atentar contra gobiernos democráticamente elegidos mediante corrupción o narcotráfico.
La Casa Blanca señaló a Mariaca de “abusar” de sus cargos públicos “al solicitar y aceptar sobornos para facilitar el narcotráfico y ayudar a criminales violentos a evadir la justicia”.
La situación no solo apunta al fiscal general, ya que el Departamento de Estado estadounidense informó que también tomó medidas contra 12 ciudadanos bolivianos y sus familias –entre ellos exministro de Justicia, Iván Lima; fiscales, jueces, magistrados y un extitular de la Felcn-, al revocarles visas existentes, así como declaró inelegibles para obtenerlas a otros nueve ciudadanos que no cuentan con ese documento.
Investigaciones
Este último acápite se enmarca en el artículo 158.I, numerales 17 y 19, de la Constitución Política del Estado que establecen que son atribuciones del Legislativo “controlar y fiscalizar los órganos del Estado y las instituciones públicas”.
Pero además tiene la facultad de “realizar investigaciones en el marco de sus atribuciones fiscalizadoras, mediante la comisión o comisiones elegidas para el efecto, sin perjuicio del control que realicen los órganos competentes”.
La convocatoria de Lara precisa que “el tratamiento tendrá finalidad informativa y fiscalizadora, con respeto al debido proceso, la presunción de inocencia y el derecho a la defensa, así como a la independencia de los órganos del Estado y la autonomía del Ministerio Público”.
“Las medidas migratorias extranjeras no constituyen, por sí solas, una determinación de responsabilidad penal en Bolivia”, se señala en la parte final del texto.
