Legalizar autos indocumentados “premia la informalidad y debilita el Estado de derecho”, señala Juan Pablo Velasco
La autoridad departamental sugiere fortalecer el control fronterizo mediante mayores capacidades operativas de las Fuerzas Armadas, la Aduana Nacional y las instituciones de fiscalización.
Tras conocer que existe un proyecto de ley que busca regularizar de forma excepcional los denominados “autos chutos” o “indocumentados”, el gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco en representación de la alianza Libre, rechazó esta iniciativa porque considera se afectará al sector formal del país.
“Desde Libre rechazamos de manera categórica cualquier iniciativa orientada a legalizar vehículos indocumentados o de contrabando. Esta medida enviaría una señal equivocada al país, premiando la informalidad y debilitando el Estado de derecho”, señala la publicación.
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Asimismo, mencionó que una parte de los vehículos que ingresan de manera ilegal al país, viene de redes vinculadas al contrabando y en muchos casos, de actividades ilícitas como robo transnacional de vehículos, el narcotráfico y otras estructuras del crimen organizado.
“Otorgarles un mecanismo de regularización no solo incentiva nuevas internaciones ilegales, sino que también fortalece las economías ilícitas”.
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Ante este anuncio, Velasco considera que esta situación, afectaría directamente al sector formal de la economía como ser: concesionarios, importadores, talleres, proveedores y trabajadores que cumplen la ley, pagan impuestos, generan empleo y realizan inversiones en el país.
“Legalizar vehículos de contrabando profundizaría esa competencia desleal y pondría en riesgo más empleos e inversiones” remarca el gobernador.
Ante esta situación, Velasco señala que si el objetivo es reducir el ingreso de vehículos ilegales, la solución no sería premiar el contrabando, sino fortalecer el control fronterizo mediante mayores capacidades operativas de las Fuerzas Armadas, la Aduana Nacional y las instituciones de fiscalización. Sumado a ello, indica que es necesario combatir las redes criminales dedicadas a este negocio.
“Bolivia debe proteger a quienes cumplen la ley, no generar incentivos para quienes la incumplen. Defender al sector formal es defender la inversión, el empleo, la recaudación tributaria y la seguridad jurídica del país”, concluye la publicación.
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