Magistrados de Bolivia exigen a Paz medidas de protección tras el asesinato de Víctor Hugo Claure
Los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el Consejo de la Magistratura plantearon su petición mediante una carta enviada a Paz y piden que su pedido sea atendido en 48 horas
Los magistrados de los altos tribunales de Bolivia exigieron este martes al presidente del país, Rodrigo Paz, la aplicación de medidas de seguridad y protección permanentes tras el asesinato a tiros del juez Víctor Hugo Claure, decano del Tribunal Agroambiental (TA), por parte de sicarios.
Los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el TA y el Consejo de la Magistratura plantearon su petición mediante una carta enviada a Paz, en la que demandan que esto sea atendido en un plazo de 72 horas.
“Nos dirigimos a su autoridad para exigir la adopción inmediata de todas las medidas de seguridad, protección y resguardo institucional” para los magistrados del Órgano Judicial “en igualdad de condiciones a las actualmente dispuestas para los ministros de Estado y las altas autoridades del Órgano Ejecutivo”, afirma la misiva.
La exigencia emerge de la “extrema gravedad” que representa el asesinato del magistrado Claure el pasado jueves, “hecho que ha evidenciado de manera alarmante el estado de vulnerabilidad, abandono y desprotección” en el que, según la carta, ejercen su trabajo las máximas autoridades del sistema judicial.
La Policía busca a los sicarios que, según imágenes de cámaras de seguridad, se acercaron en motocicleta al taxi que transportaba al magistrado Claure y le dispararon.
Asimismo, los agentes presumen que el crimen de Claure está relacionado con sus decisiones sobre temas de tierras.
Los altos jueces también consideraron en su carta “inadmisible e intolerable” que carezcan de “mecanismos permanentes, especializados y eficaces de seguridad”, pese al nivel de exposición y “riesgo” de su trabajo.
Los magistrados solicitan, además, la asignación de escolta personal permanente, vehículos de seguridad, protocolos especiales de resguardo y mecanismos de reacción inmediata ante posibles atentados.
Asimismo, piden que esas medidas se extiendan a sus núcleos familiares directos.
También advierten que la “omisión, demora, indiferencia o falta de acción” por parte el Ejecutivo frente a la exigencia planteada será interpretada “como un incumplimiento grave del deber constitucional” para garantizar el funcionamiento de un órgano fundamental del Estado.
Este asesinato es uno de los al menos doce crímenes por sicariato que se han producido este año en Bolivia, algunos de los cuales el presidente Paz atribuyó a pugnas por la reorganización de la banda del supuesto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, que fue capturado y entregado a EE.UU. en marzo pasado.
