Magistrados prorrogados del TCP dicen que sufren “una permanente y dura campaña de desprestigio”
“No vamos a aguardar más silencio sobre las acusaciones falsas que realizan a la institución y a sus miembros”, señala el descargo que también apunta a actores políticos que no cumplen con su rol constitucional
Los magistrados autoprorrogados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) rompieron el silencio y salieron a denunciar que hay una campaña de desprestigio hacia la institución y el Órgano Judicial, tema que sale a la luz tras una reunión sostenida con la misión internacional de la Organización de Estados Americanos (OEA).
“Esta reunión con la misión internacional fue el inicio para que nuestro TCP rompa en silencio, que ha aguardado ante una permanente y dura campaña de desprestigio y acusaciones infundadas hacia nuestra institución y hacia nuestro magistrado. No vamos a aguardar más silencio sobre las acusaciones falsas que realizan a la institución y a sus miembros”, señaló Gonzalo Hurtado, quien figura como presidente del TCP.
Según el pronunciamiento, la campaña de desprestigio inicia con la acción deliberada de “actores políticos que no cumplen con su rol constitucional en tiempo, forma y garantía de derechos para completar elecciones judiciales”, advirtiendo que buscan, a propósito, dejar ese vacío para a través de pactos políticos, designar magistrados que les respondan y manejaran la justicia a su antojo.
“Al parecer, ese fue siempre su objetivo. Están públicamente registrados los intentos que tuvieron los actores políticos de reemplazar a los magistrados electos por autoridades designadas desde el Poder Político. Todas estas pruebas se enviarán en un informe completo a la Misión Internacional de la Observación de la OEA”, señaló el magistrado.
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Para los magistrados, la Asamblea Legislativa no cumplió con los tiempos establecidos y menos aún con la sanción de una ley que garantice los derechos constitucionales de los ciudadanos bolivianos y de los candidatos, aspectos que fueron denunciados por los mismos asambleístas mediante la presentación de acciones de control normativo y competenciales.
“La Asamblea Legislativa Plurinacional no solo no cumplió los tiempos de convocatoria, sino que también la misma en todo el proceso de preselección de candidatos estuvo plagada de denuncias e irregularidades que presuntamente responden a deseos de algunos actores políticos que buscan beneficiar a ciertas candidaturas”, advirtió Hurtado.
De acuerdo con el reporte, esto se tradujo en 61 acciones tutelares presentadas por candidatos, organizaciones sociales y ciudadanos que denunciaron afectaciones a sus derechos constitucionales.
“Hemos encontrado soluciones a los problemas que se generaron en otro órgano del Estado, viabilizando la elección casi en su totalidad de los candidatos que deben completarse a través de una nueva convocatoria que cumpla con todo lo que nuestra Constitución Política del Estado establece”, agrega el reporte.
Por último, los magistrados señalaron que van a presentar todo el respaldo documental para demostrar cómo se intentó politizar un proceso que no cumplió con criterios de meritocracia, equidad de género y plurinacionalidad.
