“No hay mucho margen”, advierte vicepresidente del TSE, que ya habla del cambio de fecha de las judiciales y de la suspensión del calendario
El vicepresidente del órgano, Francisco Vargas, anunció una queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Si las elecciones judiciales se reprograman para 2025 se necesitará otra ley, indicó la autoridad electoral.
Los dos fallos adversos de salas constitucionales de Beni y Pando que paralizaron las elecciones judiciales este martes han activado las alarmas en el Tribunal Supremo Electoral (TSE), que anuncia una queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Ante ese panorama, los vocales analizan la posibilidad de presentar una medida cautelar ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) con el objetivo de continuar con el proceso electoral, aunque lo plazos que se toma esa instancia para emitir una resolución pueden representar un obstáculo.
El vicepresidente del órgano, Francisco Vargas, advirtió en una entrevista con La Revista de la red UNITEL que “no hay mucho margen” para cumplir con las actividades de este proceso electoral y, en ese marco, ya habla de cambiar la fecha de al votación o suspender el calendario electoral.
Todas estas salidas se analizarán en la reunión que la Sala Plena instala este miércoles. De todas maneras, las resoluciones de Beni y Pando serán revisadas por el Constitucional.
“Toda acción de amparo tiene cerca de 45 días para que puedan ser revisados por el Tribunal Constitucional. Es el plazo, sin embargo, en muchos casos estos plazos no se cumplen y las sentencias vienen después de uno o dos años”, indicó.
Tomando en cuenta que las elecciones judiciales están programadas ya para el 1 de diciembre, es decir, en 45 días, ¿qué margen tiene el calendario para que aún se ejecuten en esa fecha?, preguntó la red UNITEL.
“No hay mucho margen”, advirtió el vicepresidente del TSE, quien además alertó que la posibilidad de trasladar la fecha de la votación a 2025 es muy compleja.
“Este proceso electoral ha sido programado para el 1 de diciembre, el modificar la fecha de la elección o trasladarlo al año 2025 implica una serie de situaciones que sobrepasan a las facultades del Tribunal Supremo Electoral”, dijo.
¿Una nueva ley?
“Por ejemplo, debería haber una nueva ley, toda vez que la Ley 1549 establece que es una ley para garantizar las elecciones en 2024, tendríamos que rearmar el presupuesto que tenemos para el 2025 e implicaría también una afectación a las actividades del proceso electoral del año 2025 que es la elección general”, explicó.
Sin embargo, “será Sala Plena el Tribunal Supremo Electoral que analice la posibilidad de interponer la medida cautelar y de continuar con el proceso eleccionario, toda vez que existe un bien mayor, un bien superior, que es garantizar que las bolivianas y los bolivianos acudan a votar, o en su defecto pues suspenda el calendario electoral”.
“Eso en el transcurso del día va a ser decidido por la máxima autoridad de este órgano electoral”, subrayó.
Suspensión del calendario
Vargas argumentó que como no hay certezas sobre el posible pronunciamiento del TCP “vamos a analizar, vamos a definir el día de hoy si es que se va a suspender todo el calendario electoral”.
Explicó que el fallo del tribunal de garantías del Beni solamente observa la elección en la fase de la preselección del Tribunal Supremo de Justicia y el Tribunal Constitucional Plurinacional y “no hay una observación” al proceso de preselección del Tribunal Agroambiental y del Consejo de la Magistratura.
“Será un análisis integral, vamos a asumir una postura de manera responsable, siempre precautelando que los bolivianos tengan y ejerzan ese derecho de elegir a las autoridades que tienen que estar en los cargos”.
Respuesta
“Vamos a interponer la medida cautelar, esperamos que quienes están en este momento en el Tribunal Constitucional puedan darle respuesta al país, puedan emitir una respuesta a este Tribunal Supremo Electoral y al país ante todo de manera rápida, a objeto de no poner en vilo nuestra democracia, de garantizar, de dar seguridad jurídica tanto a los electores como a esos candidatos que ya están en carrera”, dijo.
Indicó que “muchos” de los candidatos “ya han tenido inclusive que renunciar a sus cargos, han dejado de hacer sus actividades para poder postularse”.
Reiteró que el TSE no está de acuerdo con la resolución de la sala constitucional de Beni porque la considera “incongruente, que se ha extralimitado, que pone en riesgo el ejercicio democrático de nuestro país, nuestro sistema democrático”.
Vargas alertó que esa decisión “de una u otra forma va a afectar una modificación de la fecha al calendario electoral que se tiene con miras a este ciclo electoral que hemos compartido y hemos hecho conocer el 10 de julio en la mesa multipartidaria”.
Insistió en que los plazos “son bastante cortos” y el Órgano Electoral “requiere plazos técnicos para realizar sus labores, necesitan cumplir los plazos legales y los plazos que están establecidos en la Constitución”.
Entonces, ¿solo son las elecciones judiciales las que estarían en riesgo, no las elecciones generales?
“En este momento, sí. Por el fallo de ayer, las elecciones judiciales estarían en riesgo en su realización del 1 de diciembre”, sostuvo.
“Sin embargo, acá es importante mencionar que este tipo de fallos no dan certeza, no garantizan seguridad jurídica al trabajo del Tribunal Supremo Electoral y abren una ventana que es muy peligrosa, una ventana en la que cualquier ciudadano que no esté de acuerdo con alguna decisión o con la voluntad popular puede interponer este tipo de recursos”, sostuvo.
En ese marco, sostuvo que “un elemento del sistema electoral boliviano tiene que ver con la preclusión que señala que las actividades ya ejecutadas no se revisan ni se repiten porque se tiene que dar seguridad jurídica a los electores, a los candidatos y a quienes hacen y son parte de un proceso electoral”, una medida que se aplica en otros países de la región.
Vargas anunció que harán conocer su queja a los organismos internacionales que se acreditaron para seguir el proceso, pero también ante la CIDH.
“Eso nos preocupa de sobremanera, no se había visto en los últimos años que un proceso eleccionario tenga tantas trabas, tenga tantas barreras que impiden su realización y será también algo que como Tribunal Supremo Electoral lo haremos conocer a las diferentes instancias, no solo del país sino también a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a las diferentes misiones de acompañamiento y observación electoral que ya se han acreditado”, anunció.
El objetivo es “hacer conocer estas acciones que de una u otra manera obstaculizan el trabajo que viene desarrollando el órgano electoral plurinacional”.
