Pese a las objeciones, el Senado sanciona la ley de reparación para víctimas de violaciones de DDHH en “rupturas del orden constitucional”
La oposición había observado la norma tras advertir que se buscaba beneficiar a un determinado grupo de personas en casos vinculados con la crisis de 2019
La noche de este jueves Cámara de Senadores sancionó el proyecto de Ley 181/2024-2025, la “Ley de reparación integral para víctimas de violaciones a Derechos Humanos cometidos en rupturas del orden constitucional”, y lo remitió al Órgano Ejecutivo su promulgación.
El oficialismo informó que el objetivo de la norma es establecer un marco legal que garantice la reparación de todas las personas que hayan sido víctimas directas o indirectas, de este tipo de hechos.
La norma será aplicable a los hechos ocurridos en Bolivia entre el 1 de septiembre y el 7 de noviembre de 2019. Además, contempla su aplicación a futuros hechos de naturaleza similar que puedan constituir violaciones a los derechos humanos, a fin de prevenir la impunidad y garantizar justicia, reseña un boletín de la Cámara de Diputados.
La oposición había observado la norma tras advertir que se buscaba beneficiar a un determinado grupo de personas en casos vinculados con esa crisis.
El diputado de la opositora Comunidad Ciudadana (CC) Marcelo Pedrazas consideró semanas antes que la norma no se podrá aplicar porque en 2019 no hubo ruptura constitucional ni golpe de Estado, tal como asegura el oficialismo, sino un fraude electoral.
Por su lado, la diputada María José Salazar, de CC, aseguró que el MAS redactó una norma “muy conveniente para ellos, que serán juez y parte para decir quién es víctima y quién no”.
“No hubo ruptura del orden constitucional y no solo hay víctimas masistas, quieren seguir medrando del Estado”, reclamó en su momento.
La ley
La Cámara de Diputados, que aprobó la propuesta a principios de mes, indicó que se busca beneficiar a personas que sufrieron graves violaciones a sus derechos humanos, en contextos de quiebre del orden democrático, reconociendo que la reparación integral es un derecho consagrado en la Constitución Política del Estado.
La ley establece medidas de reparación como restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías de no repetición, aplicables en dimensiones individuales y colectivas.
Estas acciones serán implementadas según la gravedad del daño sufrido y su impacto en los derechos y garantías constitucionales de las víctimas, incluyendo aspectos materiales, inmateriales, morales y del proyecto de vida, reseña el boletín de la Cámara Baja.
Según Diputados, antes de su tratamiento y aprobación, el proyecto fue sometido a consulta con diversas instancias del Órgano Ejecutivo, entre ellas: el Ministerio de Gobierno, el Ministerio de Salud y Deportes, el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Trabajo, la Contraloría General del Estado y la Defensoría del Pueblo, entre otras entidades públicas.
