Presentan acción de cumplimiento para que la Asamblea procese a Paz por “traición a la patria”
El abogado Wilmer Vásquez señaló que se presentó una acción de cumplimiento contra la Asamblea Legislativa para que se inicie un proceso de juicio contra el presidente por el caso Cerimedo
Una acción de cumplimiento presentada ante la Sala Constitucional Primera de La Paz busca obligar a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) a activar un juicio de responsabilidades contra el presidente Rodrigo Paz por presunta “traición a la patria”, en medio de las turbulancias generadas al interior del Gobierno por el caso del argentino Fernando Cerimedo.
Así lo reflejó uno de los accionantes en contacto con UNITEL, el abogado Wilmer Vásquez, que el ingreso y la supuesta influencia del asesor político en el Palacio de Gobierno constituyen una injerencia extranjera sobre decisiones del Estado.
Vásquez recordó que, como accionantes, se había solicitado inicialmente a la Cámara de Senadores que se dé inicio a un juicio de responsabilidades, pero al no recibir respuesta recurrieron a la vía constitucional.
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“El presidente del Estado ha cometido traición a la patria”, sostuvo el jurista al advertir que la presencia de Cerimedo “en el corazón del Poder Ejecutivo boliviano constituye una injerencia extranjera que atenta contra la soberanía nacional, configurando el delito de traición a la patria previsto en el artículo 124 de la Constitución”.
Según los accionantes, el ciudadano argentino fue identificado como “asesor principal del Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia” en tarjetas personales halladas durante allanamientos, además de contar, según la documentación, con un correo electrónico oficial con el dominio @presidencia.gob.bo, al igual que contaba con acceso directo al despacho presidencial.
A partir de esos elementos, el memorial plantea que su presencia en el Ejecutivo presuntamente constituyó una injerencia extranjera contraria a la soberanía nacional, es decir, se trata de una argumentación jurídica de quienes presentaron la acción y no así una determinación judicial sobre la existencia del delito o la responsabilidad del presidente.
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Los accionantes alegan una “omisión inconstitucional” por parte del Legislativo porque, después de presentar el 24 de agosto de 2026 su solicitud de juicio de responsabilidades, no recibieron una respuesta ni se habría activado el procedimiento que solicitaron, según el abogado Vásquez.
Entre sus pedidos, solicitan que la Sala Constitucional admita la acción con carácter de “urgencia y sumariedad constitucional” y declare la presunta omisión de la Asamblea Legislativa, al igual que ordenar al Legislativo convocar una sesión plenaria extraordinaria e inmediata para tratar la acusación constitucional y declarar procedente el enjuiciamiento.
El petitorio también pide que se disponga el procesamiento inmediato del presidente y de las personas que los accionantes consideran involucradas en los hechos denunciados, entre ellas Cerimedo.
Asimismo, solicita medidas cautelares sobre bienes y funciones de la familia Paz, bajo acusaciones de corrupción, cohecho y tráfico de influencias.
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