Reunión en el TSE: Ratifican las judiciales para el 15 de diciembre y hay rechazo unánime a la resolución del TCP
El encuentro convocado por el Tribunal Supremo Electoral se desarrolló este lunes en La Paz. Existe consenso para elegir a nuevas autoridades del Órgano Judicial
El encuentro multipartidario convocado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), determinó ratificar las elecciones judiciales para el 15 de diciembre y se rechaza la sentencia que declaró desierto el proceso en cinco departamentos para elegir nuevas autoridades del el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y en dos departamentos para renovar autoridades del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
Líderes de partidos políticos y autoridades de distintos órganos del Estado fueron convocados por el TSE tras conocerse de la sentencia constitucional que declaró desiertas las elecciones al TSJ en Beni y Pando; en el caso del TCP afecta a Pando, Cochabamba, Santa Cruz, Beni y Tarija.
“Se reafirma la realización de las elecciones judiciales el 15 de diciembre de 2024 con la finalidad de renovar a las autoridades del Órgano Judicial y del TCP (...), por lo cual se rechaza la sentencia constitucional 0770/2024, toda vez que incurre en una flagrante violación del principio de preclusión, que es un principio fundamental sobre el cual se asienta el sistema electoral boliviano”, reza la primera determinación.
Asimismo, se contempla que el vicepresidente David Choquehuanca, los altos mandos de Diputados y el Senado, al igual que a los representantes de organizaciones políticas, dan su pleno respaldo a las acciones del TSE con miras a garantizar el proceso.
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Por otra parte, a fin de blindar el proceso en las condiciones, alcance y plazos previstos, se ratifica la vigencia de la Ley 1549, que tiene por objeto regular las elecciones judiciales 2024, según los expuesto por el máximo ejecutivo del TSE, Óscar Abel Hassenteufel.
“Acá están las firmas de todos los asistentes a esta reunión, sin excepción alguna”, sostuvo Hassenteufel al reflejar el documento de las determinaciones, a tiempo de agradecer al respaldo que se da al Órgano Electoral para ratificar la ejecución del proceso.
Además, “el deber y la responsabilidad de todos los órganos del poder público y de las organizaciones políticas de garantizar la realización de procesos electorales con integridad, esto es: seguros, transparentes, plurales, competitivos y con la más amplia participación ciudadana”.
En esta línea, también insta al Órgano Ejecutivo a garantizar los recursos económicos necesarios ya presupuestados para la ejecución de las elecciones judiciales, así como la posesión de las autoridades electas en el proceso.
“Requerir de la Asamblea Legislativa Plurinacional, la emisión de un pronunciamiento inmediato, rechazando la sentencia constitucional número 0770 del TCP”, reza la penúltima determinación, a lo que también se suma el pedido de modificación de la Ley 044 (para el Juzgamiento de altos mandos del Estado y del Órgano Judicial), incluyendo en sus disposiciones a los vocales del TSE.
Tomando en cuenta estas determinaciones, no se incluyó el impulso de una ley corta que apunte a garantizar el proceso eleccionario.
