Viceministro anuncia que se realizará rastreo patrimonial de personas denunciadas por corrupción
Al presentar los pormenores del nuevo decreto 5706, el viceministro Yamil García reveló que la ANH tenía 420 funcionarios con ítem “que no hacían su trabajo”, tema que le significó al Estado Bs 60 millones en 2024
El viceministro de Transparencia, Yamil García, señaló este martes que, a partir del nuevo Decreto Supremo 5706 que da nueva facultades a su despacho en la lucha anticorrupción, se podrá realizar el rastreo patrimonial de las personas denunciadas por hechos de corrupción, además de impulsar mecanismos para recuperar los recursos que hayan sido desviados del patrimonio público.
“Esta institución (el Viceministerio de Transparencia) va a gestionar una coordinación financiera con la Unidad de Investigaciones Financieras, vamos a generar el rastreo patrimonial de todos quienes tienen denuncias de corrupción”, expresó García al precisar que también se hará cargo de hacer las gestiones ante el sistema de justicia en torno a este tipo de situaciones.
Asimismo, la medida se plantea junto con un cambio en el funcionamiento de las unidades de Transparencia, las cuales dejarán de depender exclusivamente de la máxima autoridad ejecutiva (MAE) de cada entidad pública y sus responsables serán propuestos por el representante gubernamental, a través del Viceministerio, con el propósito de fortalecer su fiscalización.
“No vamos a esperar que la denuncia llegue al escritorio del despacho”, sostuvo la autoridad. “No solamente basta con identificar al hecho y procesar a la persona, sino que necesitamos que esos recursos económicos de quienes han causado daño vuelvan al patrimonio de todos los bolivianos”, agregó.
Como parte de ese enfoque, García mencionó información sobre posibles movimientos económicos realizados en otros países por exautoridades mediante la adquisición de bienes vía criptoactivos, advirtiendo que Bolivia se había marginado de mecanismos internacionales de cooperación financiera y que ahora buscará incorporarse a esos escenarios para facilitar el rastreo de capitales.
El funcionario también puso como ejemplos investigaciones relacionadas con la infraestructura construida para el Parlamento de Unasur, tema por el que ya existe una denuncia ante el Ministerio Público y que el daño económico señalado alcanza a Bs 504 millones por una infraestructura que calificó como ociosa.
El rastreo patrimonial también estará relacionado con las investigaciones sobre el manejo y desvío de combustible; el viceministro reveló que la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) contaba en 2024 con más de 420 funcionarios con ítem, cuyo costo para el Estado superó los Bs 60 millones, pero que, según su denuncia, no cumplían con el trabajo que correspondía a la entidad.
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