Bajo Llojeta: Fiscalía pide la detención del representante de la inmobiliaria sindicada del caso de la mazamorra
El empresario y representante de la inmobiliaria fue imputado de manera formal por los delitos de peligro de estrago, otros estragos, lesiones graves y leves, homicidio culposo y daño calificado.
La Fiscalía de La Paz solicita la detención preventiva por 60 días del representante de la empresa inmobiliaria vinculada con el caso de la mazamorra que dejó una niña fallecida y más de 40 casas con destrozos en Bajo Llojeta.
El fiscal departamental paceño, Carlos Tórrez, anunció que esta persona fue imputada formalmente por cuatro delitos.
El empresario y representante de la Inmobiliaria Kantutani Luis Enrique Iturralde fue imputado de manera formal por los delitos de peligro de estrago, otros estragos, lesiones graves y leves, homicidio culposo y daño calificado.
Según la comisión de fiscales, hay suficientes elementos de convicción en contra del arquitecto sindicado en este caso, por el cual ya fue enviado a la cárcel el alcalde de Achocalla, Mario Condori.
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Según los datos del cuaderno de investigación, esta persona se encuentra en Perú. Salió de Bolivia poco después del deslizamiento -según sus colaboradores- para tratarse una enfermedad. Hace más de una semana declaró ante la Fiscalía de forma virtual (Zoom).
La Alcaldía de La Paz señala a Kantutani como responsable del “movimiento irregular” de tierra en el cementerio Los Andes, de su propiedad, lo que provocó una mazamorra.
“La comisión de fiscales solicita se imponga al imputado la medida extrema de la detención preventiva (por 60 días), para lo cual se tiene a bien fundamentar los tres requisitos exigidos para el efecto”, reseña parte de la imputación formal firmada el 30 de diciembre de 2024.
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La noche del 23 de noviembre de 2024 la mazamorra ingresó a tres barrios de Bajo Llojeta sorprendió a los vecinos, quienes vieron como sus pertenencias eran cubiertas por el material. Ese día murió sepultada por el lodo Camila Peyton, de cinco años de edad.
La empresa ha deslindado su responsabilidad en el caso y aseguró que tenía aval del Gobierno edil de Achocalla para las obras.
El alcalde de La Paz, Iván Arias, y dos de sus colaboradores también declararon por este caso y se defienden en libertad.
