Este lunes se revisa la detención de Camacho en uno de sus procesos: ¿Cuántas medidas cautelares tiene vigentes?
La audiencia de este lunes se lleva adelante tras la instrucción del Tribunal Supremo de Justicia para revisar las detenciones preventivas de Luis Fernando Camacho, Jeanine Añez y Marco Pumari
El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, enfrenta dos detenciones preventivas y este lunes se revisará una de ellas, correspondiente al caso de la crisis de 2019, por el que fue recluido en Chonchocoro a finales de diciembre de 2022, según reflejó su abogado, Martín Camacho.
“La audiencia de modificación de situación jurídica fue señalada de oficio por el Tribunal Sexto de Sentencia”, indicó el abogado, al explicar que esta revisión responde al instructivo emitido por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), pero también al cumplimiento del Código de Procedimiento Penal.
El TSJ instruyó el pasado 21 de agosto que se verifique si las detenciones de Camacho, Jeanine Añez y Marco Antonio Pumari cumplen con los plazos establecidos por ley, toman en cuenta que en Bolivia la detención preventiva no debe superar los seis meses.
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Camacho fue notificado para asistir a la audiencia este lunes a las 14:00, en formato presencial, en La Paz y su defensa pedirá su libertad irrestricta, argumentando que ya no existen riesgos procesales ni de fuga.
El abogado adelantó se espera que una segunda audiencia se pueda instalar el martes (por el caso del paro de los 36 días) y que también se solicitará la revisión de otras medidas restrictivas en dos procesos adicionales, como es el caso de la detención domiciliaria (casos Carro Bombero y Decreto 373).
“La segunda probablemente se va a revisar el día martes, en el caso por el paro de los 36 días”, agregó Martín Camacho y aclaró que ambas detenciones tienen carácter independiente y deben ser evaluadas por separado.
El abogado también mencionó que, a su criterio, se está dando una luz al final del túnel respecto a lo que es la independencia y la imparcialidad del poder judicial, tema que se da tras las elecciones del 17 de agosto y que refleja que “las autoridades judiciales se sienten respaldadas” para aplicar lo que la ley establece.
