Exministro Jose Luis Parada es sentenciado a ocho años de cárcel por el caso FMI, según la Procuraduría
En la acusación se indica que no hubo luz verde del Legislativo; sin embargo, desde la defensa de Parada reflejaron que fueron aprobadas dos normas antes del acuerdo con el FMI, advirtiendo también irregularidades en el proceso contra la exautoridad
El exministro de Economía, José Luis Parada , fue sentenciado a ocho años de cárcel por el Tribunal de Sentencia Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer 6º de La Paz, acusado de haber gestionado en 2020 un financiamiento del Fondo Monetario Internacional (FMI) sin la autorización de la Asamblea Legislativa para atender la emergencia del covid-19.
La información fue dada en un reporte institucional de la Procuraduría General del Estado que sostiene que la contratación del préstamo se hizo de forma irregular; sin embargo, la defensa del exministro alega que existieron normas legales que habilitaban dicha operación y que el proceso judicial en su contra es improcedente y con notoria intromisión política.
La acusación detalla que Parada y el expresidente del BCB, Guillermo Aponte, suscribieron en abril de 2020 la carta de intención y un memorando de entendimiento que viabilizó el instrumento de financiamiento rápido (IFR) equivalente a $us 324 millones.
Los argumentos de la defensa de Parada ponen en cuestión el fundamento mismo de la sentencia. Según un informe remitido a Unitel, los acusados sostienen que el juicio “no tiene base jurídica para llevarse a cabo”, amparándose en una sentencia constitucional de 2024 que ratificó que el fuero correcto para procesar a exautoridades es la Asamblea Legislativa mediante un juicio de responsabilidades, no un tribunal penal ordinario.
Además, remarcan que existían dos normas que avalaban la contratación de deuda externa en 2020: la Ley 1267 del Presupuesto General del Estado, que autorizaba créditos por hasta 1.500 millones de dólares, y la Ley 1293 de abril de 2020, que habilitaba el uso de financiamiento externo y donaciones para enfrentar la emergencia sanitaria.
“El proceso penal fue impulsado por el Ministerio Público a instancias del Banco Central de Bolivia (BCB), el Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción y la Procuraduría General del Estado, logrando que el juez dicte sentencia por la aprobación irregular de créditos, durante la gestión de Jeanine Añez”, sostuvo el procurador Ricardo Condori
Más allá del debate jurídico, la defensa insiste en que el daño económico al país no se originó en la contratación del crédito, sino en la devolución anticipada ejecutada por el gobierno de Luis Arce en febrero de 2021. Además, fue puesto sobre la mesa y formalizado el pedido de un juicio de responsabilidades.
Según cálculos oficiales basados en registros del FMI, esa decisión ocasionó un perjuicio de 24 millones de dólares, cuando mantener el cronograma original de pagos hasta 2025 habría generado un ahorro de casi 19 millones, sumados a otros 4,7 millones en intereses y comisiones.
“Se demuestra que no se cumplió con el fundamento del artículo 33 de la Ley Safco, base de la acusación fiscal, y el daño supuestamente se originó en la devolución anticipada del IFR”, afirma el informe de los acusados, que además recuerda que “ningún país devolvió el IFR al FMI”, poniendo en evidencia que Bolivia fue una excepción que terminó perjudicando sus propias finanzas.
La crítica también provino del Colegio de Economistas de Santa Cruz, que emitió un comunicado señalando que el caso del FMI revela una “intromisión política en decisiones de carácter técnico” y que el proceso judicial contra varios de sus afiliados ha sido “dilatorio e injusto”. La institución denunció la vulneración del debido proceso y recordó que los plazos procesales han sido ignorados durante más de cuatro años.
