Gobierno informa que el expresidente de YPFB Yussef Akly “habría abandonado” Bolivia y abre investigación
La información fue confirmada por el Ministerio de Gobierno con un comunicado
El Ministerio de Gobierno informó este viernes que Yussef Akly, expresidente de YPFB, “habría abandonado” Bolivia, vulnerando la ley que obliga a los exfuncionarios a permanecer en territorio nacional.
En ese marco, abrió una investigación y anunció que “será absolutamente firme en la aplicación de la ley y no tolerará ningún acto de encubrimiento, protección o utilización de influencias”.
“El Ministerio de Gobierno informa a la opinión pública que el ex presidente ejecutivo de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB Corporación), Yussef Akly Flores, habría abandonado el territorio nacional vulnerando la Ley N° 1352 de Permanencia Obligatoria en Territorio Nacional de Autoridades del Nivel Central del Estado y Entidades Territoriales”, reseña un comunicado de esa cartera del Estado.
“La mencionada norma establece de manera clara y obligatoria que toda autoridad que concluya funciones debe permanecer en el país por un periodo de seis meses, con la finalidad de garantizar su disponibilidad ante cualquier proceso de fiscalización, auditoría, investigación o requerimiento de rendición de cuentas emergente de su gestión pública”, se añade.
Akly fue señalado por una parte de los transportistas como uno de los supuestos responsables de la gasolina desestabilizada.
“En consecuencia, el Ministerio de Gobierno, a través la Dirección General de Migración, ha instruido de manera inmediata el inicio de una investigación exhaustiva para identificar y sancionar a todos los funcionarios y servidores públicos que hubieran facilitado, permitido u omitido controles que derivaron en la salida irregular del ex ejecutivo de YPFB”, informó el Ministerio de Gobierno.
En la última parte del documento se establece que “el Gobierno Nacional será absolutamente firme en la aplicación de la ley y no tolerará ningún acto de encubrimiento, protección o utilización de influencias para evadir las responsabilidades que corresponden a exautoridades del Estado boliviano”.
“Asimismo, se deja establecido que ningún exfuncionario tendrá privilegios ni tratamiento preferencial por razones políticas, partidarias o personales. El cumplimiento de la ley debe cumplirse sin excepción y con el mismo rigor para todos”, se añade.
