Justicia rechaza pedido de juicio de responsabilidades para Arce y ratifica proceso por la vía ordinaria
El expresidente había presentado una apelación para que en su caso se aplique la Ley 2445; sin embargo, la Justicia rechazó el planteamiento y el caso Fondo Indígena sigue el curso regular
La Justicia rechazó este jueves el pedido de Luis Arce Catacora para que la investigación en su contra por el Caso Fondo Indígena sea tratada por un tribunal especial, pasando a juicio de responsabilidades, por lo que se ratificó también que el proceso seguirá el curso regular por la vía ordinaria, según la resolución que fue leída en audiencia.
Arce había presentado un recurso de incompetencia, advirtiendo que los presuntos delitos por los que se lo acusa se dieron supuestamente cuando se encontraba “fungiendo un alto cargo” del Estado, es decir, como ministro de Economía y Finanzas Públicas.
La noticia también fue confirmada por el abogado denunciante Eduardo León, quien dijo que “la suerte de Arce está echada”. “El juez cautelar ha establecido que este señor Luis Arce Catacora se ha procesado en la vía ordinaria sin ningún fuero y sin ningún privilegio”, puntualizó.
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El abogado León advirtió que, con la Constitución anterior aún él podía ser objeto de un juicio del caso de corte; sin embargo, se certificó ante el tribunal que los hechos se consumaron 2013.
El expresidente es investigado los presuntos delitos de conducta antieconómica e incumplimiento de deberes, toda vez que en su tiempo como ministro de Economía participó en el directorio del Fondo de Desarrollo Indígena Originario Campesino y Agropecuario (Fondioc), instancia apuntada por el desvío de recursos estatales.
El argumento de Arce reseña que al haber estado ocupando el cargo de ministro, debía “aplicarse la Ley 2445”, la cual establece la sustanciación y resolución de los juicios de responsabilidades.
Actualmente, Arce Catacora se encuentra recluido de manera preventiva en el penal de San Pedro de La Paz.
El exministro es acusado por presuntamente autorizar la transferencia de dinero del Estado a cuentas particulares y, según la Fiscalía, se estima que el daño económico millonario por el que también son investigadas otras exautoridades.
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