Ministerio Público “recuerda a fiscales” que está prohibido realizar cobros y habilita un canal de denuncias
“La exigencia o cobro de sumas de dinero constituye una falta gravísima y la presunta comisión de delitos de corrupción de acción pública”, advirtieron desde la institución
La Fiscalía General del Estado recordó a los fiscales y al personal del Ministerio Público que tienen prohibido solicitar, exigir, cobrar o recibir dinero por cualquier concepto, y habilitó un canal digital para denunciar posibles irregularidades.
De acuerdo con el reporte, la medida alcanza a funcionarios de todo el país y contempla acciones disciplinarias y la remisión de los casos a la vía penal, además de la posible remoción del cargo.
“La exigencia o cobro de sumas de dinero constituye una falta gravísima y la presunta comisión de delitos de corrupción de acción pública. Aquel servidor público que incurra o participe en estos actos ilegales será procesado inmediatamente por la vía disciplinaria y remitido ante la jurisdicción penal, sin perjuicio de la remoción del cargo”, reza el comunicado institucional.
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La disposición apunta a fiscales departamentales, fiscales de materia, personal administrativo y personal de apoyo, mientras que la prohibición comprende cualquier aporte, cuota, cobro irregular o contribución económica, interna o externa, sin importar el pretexto, concepto o jerarquía bajo la cual se solicite.
Para recibir denuncias, la Fiscalía habilitó el sistema de Denuncia Digital Directa. Las personas que conozcan casos de exigencia o realización de cobros irregulares pueden reportarlos mediante el código QR oficial adjunto al comunicado o a través de la plataforma institucional.
La institución también garantizó la reserva de identidad de quienes denuncien, con el objetivo de evitar posibles amedrentamientos o represalias.
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La medida se relaciona con el Decreto Supremo 5749, que regula la recepción, atención y canalización de denuncias administrativas por presuntos cobros ilegales, extorsión, concusión, exacciones y dádivas patrimoniales en actuaciones judiciales o administrativas.
La norma comprende hechos atribuidos a servidores públicos o exservidores del Ministerio Público, el Órgano Judicial, el Tribunal Constitucional Plurinacional y la Policía Boliviana.
